La Guardia Civil ha detenido en Granada a catorce empresarios agrícolas españoles y marroquíes por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, una operación en la que además se ha denunciado a cinco personas por favorecer la inmigración clandestina y a otros cuatro por alquilar inmuebles sin condiciones dignas.
Según ha informado este martes la Guardia Civil, la operación Llano 2020 ha permitido detener a catorce empresarios agrícolas que operan en el Llano de Zafarraya, en los municipios de Zafarraya y Alhama de Granada, por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. También están acusados de contratar a migrantes indocumentados para conseguir un aprovechamiento lucrativo a consta de los derechos laborales de estas personas.
En esta operación, la Guardia Civil también ha denunciado 38 infracciones, 29 a personas por estancia irregular en España; cinco a personas acusadas de favorecer la inmigración clandestina con ánimo de lucro, y las cuatro restantes por infringir el derecho a la vivienda al arrendar inmuebles que no tenían las mínimas condiciones de seguridad y habitabilidad.
Trabajaban 10 horas por 5 o 6 euros, sin descanso semanal y viviendo en casetas de aperos
Ante el inicio de la campaña hortícola 2020 en la zona, la Guardia Civil ha desplegado un operativo especial y ha aumentado las inspecciones en las explotaciones agrícolas de Zafarraya, Alhama de Granada y Ventas de Zafarraya para garantizar la seguridad ciudadana y evitar que el número de delitos aumente.
Muchas de las personas que acuden al Llano de Zafarraya son inmigrantes irregulares de los que se aprovechan empresarios o vecinos, que se lucran pagando menos por hora a trabajadores sin contrato legal que se alojan en viviendas indignas.
La Guardia Civil ha comprobado que muchos de estos inmigrantes, por su estado de necesidad, trabajaban hasta 10 horas seguidas, cobraban entre 5 y 6 euros la hora, sin respetar lo establecido en el convenio del campo, como por ejemplo el derecho a descanso semanal.
Muchos además se alojaban en casetas de aperos, sin aislamiento, soportando temperaturas muy elevadas, sin luz ni agua potable y sin aseos. Los propietarios que han alquilado inmuebles sin cumplir las condiciones de seguridad mínimas se exponen a sanciones que pueden llegar a los 9.000 euros, según ha recalcado la Guardia Civil.
