Javier Gómez Bermúdez, el juez de la Audiencia Nacional, ha abierto juicio oral al ex-director general de la CAM Roberto López Abad y al ex-directivo Juan Ramón Avilés, a quienes acusa de apropiación indebida, administración desleal y un delito societario, pero añade para Avilés, que fue director de la Comisión de Control de la caja alicantina, el de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de terceros.
El ex-director general de la CAM se enfrenta a una de pena de cuatro años solicitada por la Fiscalía, de seis años por la acusación ejercida por la CAM a través del FROB, y de 14 años por parte de la acusación particular de la Plataforma de Afectados. Para el directivo Juan Ramón Avilés, el fiscal ha pedido dos años y medio, la CAM ha solicitado 10 y la Plataforma de Afectados ha pedido 16 años y medio.
La fianza fijada por el magistrado para Avilés ha sido de 6,6 millones de euros, mientras que para López Abad pide 1,9 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
La investigación que ha conducido a estas imputaciones parte de un informe del Banco de España emitido con fecha de 25 de enero de 2012, en el que se señalaba a Avilés por el cobro de dietas irregulares y la obtención de créditos en condiciones ventajosas.
Abusivas subidas de sueldos
En los textos presentados, Anticorrupción y el FROB acusan a los directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo de haber maniobrado para subirse los sueldos de modo abusivo, señalando a López Abad, quien desde su nombramiento como director “buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos”.
Una de las estrategias llevadas a cabo para expoliar la CAM entre López Abad y sus allegados es la creación de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), entidad que centralizó la gestión y que debía actuar como Comisión de Control de todas las empresas participadas por la caja, y que al final resultó ser solo “un mero y burdo instrumento” para que los miembros de la Comisión de Control de la CAM “cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre Cajas de Ahorros y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones».
Así, una vez realizado este movimiento, llegó el saqueo. En junio de 2006 acordaron doblar sus anteriores sueldos y establecieron para el segundo semestre de 2006 una subida del 100% en concepto de dietas, que pasaron a ser de 16.400 anuales, el doble de los 8.200 que tenía establecida la caja para sus directivos hasta ese momento. También decidieron que volvería a doblarse para el año siguiente y sucesivos, pasando a cobrar 32.800, casi 3.000 euros al mes en dietas y 4 veces más de lo establecido en un principio en la caja de ahorros.
En 2008, a través de la TI, se elevó de nuevo la anterior dieta hasta alcanzar los 80.000 euros anuales para el presidente, cargo en manos del imputado Juan Ramón Avilés, y 40.000 euros anuales para el vicesecretario y el secretario. El resto de miembros pasaban a cobrar 20.000 euros anuales en dietas.
En 2011, con el banco ya rescatado por el FROB, el órgano corrupto creado por Juan Ramón Avilés fue suprimido y todos sus miembros cesados, por decisión de los administradores provisionales de la CAM designados por el FROB.
Las cantidades robadas a la caja pública en concepto de dietas ascendieron a casi 1,5 millones de euros en total, llegando Avilés a apropiarse de un total de 308.700 euros.
Préstamos ficticios a familiares que no se devolvían
El ex-directivo también está imputado por la concesión de créditos indebidos por valor de 16,6 millones de euros a empresas vinculadas a él mismo en condiciones muy ventajosas.
Una de estas empresas es la sociedad ‘La Vereda de Barcina’, a nombre de la propia esposa de Avilés y supuestamente dedicada a la especulación inmobiliaria. Bermúdez ha imputado a ambos acusados de la participación en la venta ficticia del total de las acciones de esta empresa a la hermana de Avilés, mediante un pago falso de 90.000 euros procedente de un préstamo de la CAM que el mismo Avilés concedió. Una operación descrita en el texto del juez como “puramente formal”, ya que Avilés “siguió tomando las decisiones de la sociedad”.
Esta operación hizo que se refinanciaran los préstamos que la CAM había concedido a ‘La Vereda de Barcina’, lo que causó una pérdida de 4,91 millones de euros al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de ahorros, ya que la entidad financiera desistió de solicitar la devolución del dinero de los créditos, autorizados por el Consejo de Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas. Lo créditos se encuentran actualmente impagados, tal y como comunicó posteriormente el Banco Sabadell, que se hizo con la adquisición de la CAM.
