En el País Valencià, la actualidad de este 15 de febrero viene marcada por una exigencia de respeto hacia lo que pertenece a la colectividad. Compromís ha centrado su acción en la denuncia del abandono institucional que sufren tanto el patrimonio histórico como los servicios básicos de transporte, entendiendo que ambos son el sistema circulatorio que da sentido a la identidad de un pueblo. Las diputadas de la formación han puesto el foco en la degradación de los edificios y espacios protegidos en las comarcas, señalando que la quietud de la administración actual es una forma silenciosa de borrar la memoria material de las valencianas. Para estas representantes, permitir que el patrimonio se caiga es permitir que se pierda la novedad de nuestra historia, sustituyéndola por una cultura vacía y mercantilizada que no responde a los sentimientos de pertenencia de la gente.
Este sentimiento de desprotección se extiende a las paradas de autobús y las estaciones de tren. Las activistas de barrio y las plataformas vecinales han liderado las protestas contra un modelo de movilidad que consideran excluyente. Denuncian que la falta de frecuencias y la eliminación de rutas estratégicas no son fallos técnicos, sino decisiones políticas que limitan la libertad de movimiento de las trabajadoras y las clases populares. Para estas personas, el transporte público es la herramienta que permite conciliar la vida, el trabajo y los afectos; cuando el servicio falla, es su tiempo el que es confiscado por una gestión ineficiente que actúa como un funcionario extraño a las necesidades de la calle.
En el ámbito de la fiscalización técnica, el colectivo de inspectores y gestores de los servicios públicos ha dado un paso al frente para alertar sobre la degradación interesada de los controles de seguridad, como ocurre en las ITV. Estos profesionales advierten que la falta de personal y la burocratización extrema son la máscara que utiliza el capital para justificar la entrada del lucro privado en sectores esenciales. Señalan que su labor técnica está siendo saboteada desde dentro, impidiéndoles realizar su oficio con la dignidad y el rigor que la seguridad ciudadana exige. Compromís ha recogido este malestar, vinculando la defensa de los puestos de trabajo públicos con la calidad de vida de toda la población. La propuesta de la coalición es clara: recuperar la gestión directa y asegurar que las instituciones sean herramientas de apoyo real, no laberintos de formularios que asfixian la iniciativa ciudadana. En definitiva, la política de Compromís para este 2026 busca devolver la soberanía —la voluntad de decidir sobre lo propio— a las plazas y los barrios, asegurando que el patrimonio y el transporte sean el motor de una sociedad que elige caminar unida y con la cabeza alta.
