Tras haber pasado por el Senado, el Congreso de los Diputados ha autorizado finalmente esta semana, tras meses de espera, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para impulsar la Ley de la Auditoría del Déficit de Tarifa del Sector Eléctrico. A partir de este momento se puede iniciar la campaña de recogida de las 500.000 firmas necesarias para la tramitación de la ley.
Según la nota de prensa emitida por ASECE, la Asociación Española para la Calidad de la Edificación, que ha impulsado la ley, “la iniciativa pretende conocer si el déficit de tarifa existe realmente y si las eléctricas inflan el recibo de la luz”.
El objetivo de la ILP, que fue presentada el pasado 21 de noviembre ante la Cámara es el de exigir una auditoría de los costes del sistema eléctrico para “diagnosticar la ingeniería contable y regulatoria del sistema eléctrico, y precisar qué partida económica es la causante del déficit de tarifa”, es decir, conseguir transparencia sobre las cifras que manejan empresas eléctricas y Gobierno, que se hallan blindadas con una fuerte opacidad actualmente, “vulnerando la Constitución al no permitir a los ciudadanos conocer la situación económico contable”.
Además, con la auditoría, se podría determinar la necesidad de la nueva ley del sector eléctrico presentada por el Gobierno y se podría “acabar con el reparto arbitrario de los ingresos generados por la venta de electricidad”, donde los precios no son determinados únicamente por el mercado sino por la relación de poder entre las grandes empresas que conforman el oligopolio eléctrico y el Gobierno sobre el que ejercen su influencia.
El presidente de ASECE, Adrián Sánchez Molina, considera que “estamos ante una amenaza: amenazan a los ciudadanos con la idea de que sus cuentas deficitarias [las de las eléctricas], a pesar de tener beneficios millonarios, nos van a llevar a la pobreza energética” y que “este relato carente de sentido debe ser erradicado de inmediato, porque únicamente pretende crear un problema que no existe hasta que no se demuestre” con una auditoría.
“Ya que los políticos no se ponen de acuerdo en llevar a cabo una auditoría del déficit de tarifa eléctrico, serán los ciudadanos, mediante los mecanismos democráticos de que disponen, quienes solucionarán una supuesta deuda de más 30.000 millones de euros impuesta por un grupúsculo de empresas codiciosas, con apoyo del Gobierno, sin permitir que se realice un análisis económico-financiero de todo el sistema energético”, asegura Sánchez Molina.
Con respecto a la consecución de las firmas, el presidente de ASECE se muestra optimista y dice estar convencido de poder recogerlas, tal y como comunicó en rueda de prensa el pasado 11 de diciembre.
Para ello, la asociación ha puesto en marcha la plataforma online quieroauditoriaenergetica.org, a través de la cual los ciudadanos que deseen participar en la recogida de firmas o la difusión de la ILP podrán sumarse a la iniciativa. También, mediante el uso del protocolo F.N.M.T., aquellas personas que lo requieran podrán hacer uso de la firma electrónica para votar directamente la ILP en internet desde su propia casa.
