Aunque sin consecuencias económicas, el Consejo de Estado ha responsabilizado por primera vez al Ministerio de Defensa del polémico accidente del Yak-42, registrado en Turquía el 26 de mayo de 2003 durante el gobierno de José María Aznar con Federico Trillo al frente de Defensa, y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán en un avión Yakolev, según publica hoy El País.
El dictamen de este órgano asesor reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado y los cargos políticos de la época en la catástrofe ocurrida, que provocó un largo enfrentamiento en los tribunales de justicia entre los familiares de las víctimas y Defensa que se dirimió en instancias civiles y penales.
El dictamen se refiere a la existencia de «hechos» anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el «especial riesgo» que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas.
«Dicho con otras palabras -señala el documento-, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría», indicando así que los responsables de Defensa tenían conocimiento de los riesgos y no actuaron en consecuencia, lo que supone una “victoria moral” para la Asociación Familiares Yak-42, que siempre acusó a Federico Trillo de mentir sobre las circunstancias del suceso y reclaman que la Justicia reabra el caso y que se asuman responsabilidades políticas.
El dictamen admite, como lo hizo la Audiencia Nacional al archivar definitivamente el procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte, que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos del Yak-42 y su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron.
Sin embargo, frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la empresa contratada para la realización del vuelo, Namsa, el Consejo de Estado entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo. (Postdigital/Agencias)
