El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra la ley que agiliza los desahucios de viviendas ocupadas, aprobada antes del verano y conocida como “desahucio exprés”.
Se trata de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación ilegal de viviendas, una norma que a juicio de Podemos vulnera derechos recogidos en la Constitución, como el derecho la vivienda, la inviolabilidad del domicilio y el principio de tutela judicial efectiva.
“El problema central de esta ley es que ataca el derecho básico a un juicio justo, puesto que limita de forma brutal el derecho de defensa y al mismo tiempo no cumple con los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos”, asegura Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Unidos Podemos.
El grupo parlamentario de Unidos Podemos recurrió la reforma a mediados del pasado mes de septiembre alegando que su aplicación permite la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables, algo contrario a los tratados internacionales en relación con la vivienda, y señalan que ejecutar el desahucio en tan solo cinco días impide la posibilidad de alegar si los ocupantes no pueden demostrar su derecho sobre esa vivienda en ese plazo.
La ley tampoco cuenta con medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad y, aunque la ley excluye a gestores privados de vivienda social, bancos y fondos buitre, consideran que en la práctica la ley podría ser utilizada de forma fraudulenta por parte de fondos buitre.
Por el contrario, los cuatro partidos de derechas que impulsaron la polémica ley (PP, Ciudadanos, PNV y PDeCat) rechazan la postura de Unidos Podemos, alegando que, según esta ley, las personas físicas propietarias de vivienda, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social pueden pedir “la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento”.
Desde Unidos Podemos insisten en que esto no impide ejecutar desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Con su aceptación a trámite, el TC da traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que en un plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
