El gasto que los españoles destinan a pagar de su bolsillo medicamentos y otros productos médicos en las farmacias ha crecido en los últimos años, según alerta la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), que calcula que se han gastado 6.490 millones más desde que en 2012 el Gobierno cambió el sistema de copago.
Así se desprende de las conclusiones del informe ‘Análisis de los presupuestos sanitarios 2017’ elaborado por esta organización sindical, cuyo secretario general, Antonio Cabrera, pide al Ministerio de Sanidad «analizar el impacto que ha tenido esta medida y volver al sistema de copago anterior a la reforma sanitaria».
El nuevo sistema que puso en marcha la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, establecía un copago en función de la renta para los trabajadores activos y obligó por primera vez a los pensionistas a pagar por sus medicinas (un 10%, con topes mensuales según sus ingresos) cuando hasta entonces las adquirían gratis. En cambio, eximió del pago a los parados de larga duración.
Estos cambios, según CCOO, se han reflejado en el gasto de los hogares españoles en medicamentos y productos médicos perecederos, que en 2011 fue de 5.007 millones de euros pero que ya en 2012 (el nuevo modelo entró en vigor el 1 de julio) la partida se elevó a 5.868 millones. En 2013 se elevó a 6.887 millones y, aunque en 2014 bajó a los 6.547 millones, en 2015 volvió a subir hasta los 7.216 millones de euros.
«Este incremento es consecuencia de que hay un dinero que antes se gastaba la administración y ahora se lo gastan los ciudadanos», ha apuntado Pablo Caballero, secretario de Estudios e INGESA de la FSS-CCOO y uno de los autores del estudio, que cifra en 6.490 millones lo que la medida ha «costado» a la ciudadanía, sumando el aumento de cada año con respecto a «lo que se hubiera gastado de haberse mantenido el gasto de 2011».
Desigualdad entre gasto e inversión
El estudio también ha analizado los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas en los últimos años para constatar una «desigualdad entre gasto e inversión en todas las comunidades autónomas». Así, han constatado que la sanidad se está infra-presupuestando «de forma consciente» y cuantifica esa diferencia en el periodo 2010-2015 en 25.614 millones de euros, con sólo 6.000 millones de diferencia entre lo presupuesto en 2015 y lo realmente gastado.
«El Tribunal de Cuentas ya ha criticado duramente que el presupuesto de las comunidades autónomas no obedece luego al gasto real, y eso puede poner en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). No lo entendemos a no ser que sea una triquiñuela para justificar el gasto que hacen», ha criticado Cabrera.
Impacto de los recortes en personal
Por otro lado, al analizar las cifras presupuestarias de las comunidades relativas a 2017 observan que, aunque las partidas destinadas a gastos de personal e inversiones reales vuelven a crecer, aún no ha alcanzado las cifras del año 2010. De hecho, el recorte acumulado desde ese año se cifra en 28.693 millones de euros, de los cuales 8.620 corresponderían a personal y 7.194 a inversiones.
En lo que respecta a la creación de empleo, en 2017 las plantillas de los sistemas sanitarios públicos de las comunidades autónomas han crecido un 1,1% respecto a 2016.
En cambio, con respecto a 2012 se han perdido 6.088 efectivos. Desglosando ese dato, se aprecia como nueve comunidades han perdido 11.473 efectivos, mientras que las que han ganado suman 5.485 trabajadores más. De esos 11.473 efectivos perdidos, el 38% corresponden a Andalucía y el 27% a Castilla-La Mancha.
En Atención Especializada el último dato disponible es de 2015, cuando se incrementó el empleo en un 1,44% respecto al año anterior, aunque el número de trabajadores es un 0,61% inferior a la cifra de 2010. Y en Atención Primaria, el empleo creció en 2016 un 1% con respecto al año anterior, pero sigue siendo un 0,64% menos que los trabajadores que había en 2011.
Ante esta situación, Cabrera ha defendido la necesidad de crear una herramienta informática que permita la consulta mes a mes de los datos de empleo en la sanidad pública, ya que las actuales fuentes disponibles se ajustan a los criterios de remisión de información para la cumplimentación de estadísticas en la Unión Europea, pero «son poco operativas a la hora de facilitar datos que permitan ver cómo evoluciona el empleo, qué calidad tiene, cómo se distribuye en las distintas categorías». Además, esta herramienta permitiría también planificar las plantillas para garantizar las necesidades futuras del sistema sanitario. (Agencias)
