La Fiscalía de Madrid ha presentado ante los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia dirigida contra la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, por un delito societario relacionado con Mercamadrid. Además de Dancausa, la denuncia se dirige contra otras quince personas, entre las que aparecen el diputado del PP y exnúmero dos de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid, Enrique Núñez, o, de nuevo, Pablo González, el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Daño patrimonial de 11 millones de dinero público
La denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81% superior al precio de mercado y deja bien claro que en el «momento actual» no consta «si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Merca Ocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos».
El informe municipal cuenta cómo Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante 20 años para evitar un litigio judicial y que «Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria». Las naves «no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10% del beneficio anual» de Mercamadrid», señala.
Así, el documento detalla que «si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad» lo que «es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio».
Denuncia de la Fiscalía
En su denuncia, la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.
Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.
