Una docena de familiares de fallecidos que se encuentran en el Valle de los Caídos ha denunciado al prior administrador de la Abadía, Santiago Cantera, por no permitir la exhumación de los cuerpos. Los abogados de los demandantes han informado que ya se han registrado estas doce denuncias por los supuestos delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de resistencia y desobediencia.
Según los abogados, se ha reconocido por Patrimonio Nacional el derecho a exhumar los restos, y se ha resuelto que el Valle de los Caídos es una sepultura de cementerio público, y no religioso. En las denuncias se solicita al prior la disculpa «cristianamente y civilmente con las víctimas del franquismo», así como que sea condenado a realizar trabajos de exhumación a pie de fosa.
El prior llegó a negar el paso a varios técnicos del Estado, impidió la instalación de una microcámara y remitió una carta en la que informaba de que vetaba la entrada en la iglesia, donde están enterrados los más de 30.000 cadáveres tanto de franquistas como de sus víctimas.
Además se reclama que se entreviste con familias víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, y que sea condenado a estar presente en una entrega de restos mortales a las familias represaliadas.
Los abogados que han presentado la denuncia recuerdan que en el año 2016 se obtuvo la primera sentencia judicial que cuestiona la legalidad del franquismo, con fecha 9 de marzo de 2017. «Se emitió resolución de Patrimonio Nacional dirigida a la abadía benedictina», explican en una nota de prensa.
Asimismo, explican que en esta sentencia se detalla que a los osarios del Valle de los Caídos les corresponde la calificación jurídica de cementerio público y no la de cementerio de la Iglesia. Recuerdan que en 2017, Patrimonio Nacional reconoció el derecho de esta parte a la exhumación de los restos mortales de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, y de las peticiones de exhumación de los mortales de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno.
«Lo mismo que ocurre en Cataluña, ocurre en el Valle de los Caídos, una ley que no se cumple, una sentencia que no se ejecuta, con la diferencia que unos están en la cárcel, y otros en misa», critican los abogados. (Postdigital/Agencias)
