El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, ha comunicado esta mañana su dimisión al fiscal general del Estado tras haber permanecido solo 87 días en el cargo. Su gestión ha estado marcada por la polémica y los enfrentamientos con otros fiscales que han cuestionado su gestión en casos de corrupción como el «caso Lezo», que le condujo a una reprobación por el Congreso de los Diputados hace dos semanas.
El fiscal general del Estado, Manuel Maza, ha comunicado la renuncia de Moix “por motivos personales” en una declaración convocada de manera urgente y sin preguntas de la prensa, afirmando que ha dimitido “de manera irrevocable”.
“No he podido convencerle de lo contrario”, ha expresado Maza, quien continúa apoyando a Moix y considera que este “no ha cometido ilegalidad o irregularidad alguna”, ignorando así la flagrante incompatibilidad del cargo público con la posesión del 25% de una sociedad en Panamá que no tributa impuestos en España.
La dimisión de Moix se veía venir desde que este miércoles todas las asociaciones de fiscales, incluida la conservadora Asociación de Fiscales, pidieran su cese porque consideraban que comprometía “la imagen de imparcialidad de la institución” y de que el Gobierno de Mariano Rajoy, que hasta ahora había apoyado al fiscal sin fisuras, se alejara de él estableciendo una cortina de silencio sobre su caso.
Aceptada la renuncia de Moix, este queda adscrito «a su elección y hasta la obtención de un destino con carácter definitivo», según el Estatuto del Ministerio Fiscal, que podría ser en la misma Fiscalía Anticorrupción o en la que ejercía antes de ser nombrado, es decir, en la Fiscalía del Supremo. Por su parte, el fiscal general del Estado tendrá que proponer un nuevo nombre para sustuituirlo.
