Este jueves, millones de personas se han manifestado en al menos 80 ciudades de Brasil y en varias se han producido fuertes cargas policiales. Los altercados más graves se han vivido en Brasília, donde testigos declararon que un coche trató de romper con un coche el bloqueo montado por los indignados en una calle y que, al ver que no le dejaban pasar, el conductor, que aún no ha sido identificado, aceleró el vehículo y atropelló a cuatro personas. Marcos Delefrate, de 18 años, murió en el lugar de los hechos, desatando una ola de violencia que terminó con los manifestantes intentando entrar al Congreso y al Palacio de Itamaray, sede del Ministerio de Exteriores, donde los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos por la policía.
Las otras tres personas atropelladas fueron trasladadas a hospitales. Una de ellas se encuentra en estado grave mientras que las otras dos sufrieron fracturas.
André Vargas y Renan Calheiros, presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de Brasil, se han mostrado dispuestos a negociar con los manifestantes que han ocupado la explanada del Congreso.
«Esta casa está abierta para recibir a cualquiera. No ha llegado la comisión (de manifestantes) que estábamos esperando, pero seguiremos esperando», ha declarado Vargas, según apunta el diario «Folha«.
No obstante, Vargas ha insistido en la necesidad de mantener la «serenidad». «No podemos permitir que entren poniendo en peligro la vida de las personas», aunque también ha pedido contención al «aparato policial».
Al parecer, según últimas informaciones, tres abogados han intentado reunirse a última hora del jueves en el despacho de Calheiros y se han presentado como portavoces de los manifestantes, pero Calheiros no les ha atendido por no estar seguros si de verdad representaban al movimiento.
Las movilizaciones de Brasil comenzaron hace dos semanas de forma pacífica en Sao Paulo por la subida del precio del transporte público de 3 a 3,20 reales. Desde entonces, miles de personas han tomado las calles de las principales ciudades de Brasil para protestar pacíficamente, pero a causa de la represión de la Policía Militar del pasado viernes, ha habido conatos de violencia por parte de los indignados brasileños.
Por el momento ya van 11 ciudades de Brasil , incluidas Río de Janeiro y Sao Paulo, que han cancelado el aumento de precios en el transporte público, e incluso algunas han reducido precios.
Sin embargo la movilizaciones ya no solo se ciñen a la protesta por el aumento de la tarifa en los trasportes públicos sino que reivindican la protección de los más débiles, unos servicios públicos gratuitos de calidad, mayor participación democrática en las instituciones y sobre todo el fin de la corrupción.
En este contexto, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha convocado una reunión de emergencia del Gobierno para este viernes.
