El Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid) convocará entre el 15 de diciembre y el 15 de febrero la primera consulta ciudadana de la historia de la ciudad, en la que podrán participar todos los madrileños mayores de 16 años.
La portavoz municipal, Rita Maestre, y el delegado de Transparencia, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, Pablo Soto, han anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la convocatoria esta votación sobre propuestas realizadas por ciudadanos en la web municipal de participación y que cuentan con el apoyo del 1 % del padrón.
En ella, los madrileños podrán decidir si apoyan la creación de un abono conjunto de metro y autobús y, por otro lado, si se toman medidas para que la ciudad sea más sostenible.
«Por primera vez en la historia de Madrid una proposición ciudadana se va a llevar a votación», ha dicho Soto, quien ha incidido en que el equipo de Manuela Carmena cumplirá con el mandato de las urnas: «Este Gobierno mandará obedeciendo».
El plazo que se ha dado el propio equipo municipal para convocar la votación es de entre 90 y 150 días, con el objetivo de que haya un tiempo suficiente para el debate y se evite además la cercanía con unas hipotéticas terceras elecciones generales.
Cualquier madrileño puede presentar desde hace un año una propuesta para cambiar la ciudad que, si es refrendada por unas 26.000 personas -el 1% de madrileños mayores de 16 años- será sometida a votación vinculante.
Impulsado desde el área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, el proyecto tiene un planteamiento similar al de las iniciativas legislativas populares y busca que las ideas de los ciudadanos se lleven a cabo si obtienen el apoyo mayoritario de los vecinos.
En los casos en los que la propuesta ciudadana sea de mucho calado se hará una consulta en los colegios electorales, aunque para ello es necesario que la alcaldesa solicite la consulta, el pleno la apruebe por mayoría y después la autorice el Gobierno central, lo que en esta primera consulta no va a suceder.
El Ayuntamiento será el garante de que el sistema funcione y no sea saboteado, pero no habrá tutela política de los procesos.
(Agencias)
