La ley de Memoria Democrática declarará ilegal el régimen franquista tras la incorporación de una enmienda pactada entre el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos con PdeCAT y Más País y que es una petición que había planteado también ERC, con quien el Ejecutivo no ha alcanzado aún ningún acuerdo.
La ley de Memoria Democrática saldrá adelante en el pleno del Congreso después del acuerdo alcanzado entre EH Bildu y el Gobierno durante la fase de los trabajos en ponencia, que este martes ha aprobado un total de 19 enmiendas transaccionales, ninguna de ellas de ERC, cuyo papel ha quedado desdibujado en las negociaciones al no ser relevante para aprobar la norma.
Por el momento, el Gobierno no ha cerrado ningún acuerdo con ERC, que al igual que Junts se ha abstenido en las votaciones de enmiendas en ponencia para «facilitar que la negociación siga en comisión» el próximo lunes 4 de julio, antes de la votación definitiva de la ley en el pleno, previsiblemente el 14 de julio.
Entre las enmiendas aprobadas este martes en ponencia destaca una acordada entre los dos partidos del Gobierno con PdeCAT y Más País para declarar «ilegal» el régimen franquista.
Esta petición estaba recogida en una enmienda presentada previamente por ERC, que había hecho hincapié también en la necesidad de abrir la puerta a la reparación patrimonial de las víctimas del franquismo.
El diputado del PDeCAT, Sergi Miquel, ha informado en una rueda de prensa de que su partido también ha acordado con el Gobierno una enmienda para considerar «víctimas a las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos habitantes fueron perseguidos por hacer uso de éstas».
También han pactado que las «instituciones de autogobierno catalanas y vasca y las corporaciones locales» sean objeto de «medidas específicas de reconocimiento y reparación» en la ley, entre otros asuntos.
Por su parte, Más País ha acordado con el Gobierno una enmienda para que puedan adquirir la nacionalidad española los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que perdieran la nacionalidad «como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual».
Y el PNV ha pactado garantizar a los interesados y a sus herederos el acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos y la obtención de copias, eliminando en algunos casos las restricciones previstas en la Ley de Patrimonio Histórico.
Los nacionalistas vascos también han acordado la restitución a los partidos políticos y organizaciones sindicales de documentos, enseñas, emblemas y banderas que se conserven en cualquier dependencia u órgano de la administración general del estado y su sector público.
Todas estas enmiendas se suman a otras pactadas con EH Bildu, entre las que destaca la ampliación de la aplicación temporal de la ley de 1978 a finales de 1983, año de inicio de la actuación de la organización terrorista GAL, dedicada a la guerra sucia contra ETA.
En concreto, esta enmienda acordada entre el Gobierno, EH Bildu Y Más País plantea designar una comisión técnica que elabore un estudio sobre vulneraciones de derechos humanos «a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983» y «que señale posibles vías de reconocimiento y reparación».
Y tanto EH Bildu como PdeCAT y Más País han acordado con el Gobierno también declarar la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de todas sus condenas.
