La cuestión de la vivienda en España ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en la principal brecha de desigualdad del país. Este febrero de 2026, la coalición #NiUnDesahucioMás, liderada por organizaciones como Amnistía Internacional y los Sindicatos de Inquilinas, ha elevado el tono de sus exigencias ante lo que consideran un «desmantelamiento encubierto» del derecho a la habitabilidad.
A pesar de que el Gobierno ha prorrogado la moratoria de desahucios para 2026, la letra pequeña ha encendido las alarmas: el nuevo decreto exime de esta protección a los propietarios que posean una o dos viviendas. Esta medida, fruto de las negociaciones parlamentarias para sacar adelante el bloque de medidas sociales, es vista por los movimientos sociales como una cesión peligrosa que deja desprotegidas a miles de familias cuyos caseros no son «grandes tenedores», pero cuya vulnerabilidad económica es idéntica.
El sentimiento predominante en las asambleas de vivienda es de agotamiento. Las organizaciones denuncian que las soluciones temporales (los «parches» del escudo social) no están yendo a la raíz del problema: la escasez de parque público y la consideración de la vivienda como un activo financiero. Amnistía Internacional ha sido tajante este mes: «No se puede condicionar el derecho a un techo a la estructura patrimonial del propietario». La exigencia es clara: avanzar hacia medidas estructurales que impidan cualquier desahucio sin alternativa habitacional real, independientemente de quién sea el arrendador. En Cataluña, donde el movimiento es especialmente fuerte, se estima que más de 13.000 familias viven bajo la espada de Damocles de un lanzamiento inminente, lo que genera un estado de ansiedad colectiva que los servicios sociales saturados ya no pueden contener.
