La reciente luz verde al Anteproyecto de Ley que restringe la gestión privada en la sanidad pública marca un hito en la recuperación de los servicios que el Partido Popular trató de desmantelar durante décadas. Este movimiento de Sumar, aunque llega tras años de presión sindical incesante, se recibe en los hospitales no solo como una medida administrativa, sino como un acto de justicia hacia las profesionales que han visto cómo sus centros se convertían en filiales de fondos de inversión.
Desde la óptica sindical, esta ley es la respuesta necesaria al modelo de «colaboración público-privada» que el PP ha utilizado como caballo de Troya para vaciar las arcas públicas. Las organizaciones de trabajadoras celebran que se ponga fin a la impunidad de empresas que priorizaban el dividendo sobre el diagnóstico. El sentimiento en las asambleas de trabajadores es de alivio: la sanidad pública empieza a dejar de ser el botín de guerra de unos pocos. No obstante, el apoyo al Gobierno no es un cheque en blanco. Los sindicatos ya han advertido a la ministra Mónica García que la derogación de la Ley 15/1997 debe ser total y efectiva, sin «letra pequeña» que permita a las comunidades del PP buscar atajos legales para seguir desviando fondos a la privada.
El éxito de esta ley dependerá de la valentía del Ejecutivo para enfrentarse a las élites financieras. Los sindicatos exigen que este blindaje legal venga acompañado de una financiación que revierta los recortes acumulados. El sentimiento de las enfermeras y facultativas es de cautela: aplauden el rumbo del Gobierno, pero exigen que se consoliden las plazas y se mejoren las condiciones laborales de forma inmediata. No se puede defender lo público con plantillas agotadas y contratos temporales que son una herencia directa de la etapa más oscura de la derecha en el poder.
