Las diligencias de investigación enmarcadas en la ‘Operación Lezo’ contra la corrupción en filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica causaron una ‘rebelión’ mayoritaria en el seno de la Fiscalía Anticorrupción el pasado martes, a consecuencia de la orden dada por el fiscal jefe del departamento, Manuel Moix, contraria al criterio de los dos fiscales adscritos al caso sobre el registro en el domicilio de uno de los imputados.
Moix ordenó «desvincular cronológicamente» este registro y el «bloque de hechos» relativo a esta diligencia concreta, una decisión a la que los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez se opusieron invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que está previsto en la propia norma pero que es muy poco habitual que ocurra, según las fuentes consultadas.
En dicho artículo se dice que aquel fiscal que reciba una orden «que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente» se lo hará saber a su fiscal jefe «mediante informe razonado» y que, si éste «no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía».
Eso es lo que ocurrió el pasado martes en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes consultadas, y tras oír a sus compañeros, la práctica totalidad de la veintena de fiscales que integran este departamento -todos menos uno– apoyaron a los compañeros de la Operación Lezo y se manifestaron contrarios a la orden de retrasar el citado registro.
TRAS LA JUNTA MOIX RECONSIDERÓ SU ORDEN
Según ha confirmado el propio Moix a Europa Press, tras oír a la junta el podría haber insistido en la orden de sacar esta diligencia de la lista de las que iban a solicitar que ordenara el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Eloy Velasco.
Sin embargo, tras escuchar el criterio de varios de los fiscales que participaron en la reunión, el fiscal jefe se avino a la petición de los dos fiscales del caso por entender que, una vez iniciada la operación al día siguiente, el imputado afectado podría hacer desaparecer documentos, y el registro fue finalmente incluido junto a los demás.
La operación sigue abierta, según las mismas fuentes, y a lo largo de este jueves se producirán nuevos registros relacionados con la operación. Además, el juez del caso tiene previsto interrogar en calidad de investigados al presidente y el director del diario ‘La Razón’, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Casals y Marhuenda son dos de los investigados en la que se ha llamado ‘operación Lezo’, en la que ya hay 12 detenidos, entre ellos Ignacio González, por ocho delitos: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios relacionados con operaciones delictivas en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica.
