La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condene a diez años de cárcel y 29 de inhabilitación al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba, por delitos de cohecho, prevaricación judicial, falsedad y revelación de secretos.
La Fiscalía acusa a Alba de manipular de forma «arbitraria» y «con ánimo espurio» una instrucción penal que había iniciado la jueza Victoria Rosell, con el propósito de «recopilar material ajeno» a los hechos que se investigaban en ella (un fraude fiscal) «que sirviera de plataforma profesional» para perjudicar a su colega.
El Ministerio Público sostiene que Alba ejerció «arbitrariamente el poder que le confiere su condición de juez» para intentar dañar la reputación de Rosell -en esos momentos, diputada en el Congreso por Podemos-, llegando al punto de prometer al empresario implicado en esas diligencias, Miguel Ángel Ramírez, que se iba a «cargar» su caso de fraude fiscal si colaboraba en sus propósitos.
