El PP ha registrado este martes en el Congreso su anunciada iniciativa para frenar la comisión de ataques o directamente de delitos que, amparándose en la «impunidad del anonimato», cometen algunos usuarios de redes sociales. En concreto, plantea que se fuerce a quien se abra una cuenta en estas plataformas a registrarse con su «identidad administrativa real».
Hernando ha recordado que cuando se empezó a implantar la telefonía móvil en España cualquier podía hacerse con un número sin necesidad de registrarse, pero que después la ley se cambió y desde entonces todo el mundo tiene que dar su DNI para tener una línea.
Ahora el PP quiere hacer lo mismo con quien se abra una cuenta en una red social. En concreto, en su proposición no de ley insta al Gobierno a arbitrar medidas para que los proveedores de este tipo de servicios en Internet «requieran la identificación de los usuarios, mediante su identidad administrativa real, de forma previa a la utilización de dichos servicios».
UN REGISTRO CONTRA EL DELITO
Otro de los objetivos de la iniciativa de los ‘populares’ es «proteger la identidad digital de los usuarios» y evitar que se puedan crear perfiles falsos o utilizar los de otras personas para atacar o socavar el prestigio de un tercero.
La iniciativa del PP emplaza al Gobierno implantar «en la interacción de personas físicas y jurídicas en Internet», los mecanismos necesarios para proteger la identidad digital del usuario «contra el uso fraudulento de sus datos personales».
También persigue la elaboración de un plan integral de seguridad y buenas prácticas en la Red que incluya la formación de usuarios con el objetivo de evitar las consecuencias negativas de suplantación de identidad, el acoso en la red y otras amenazas.
PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN
En la misma línea, el PP plantea se creen protocolos de colaboración eficaces entre las empresas proveedoras de infraestructuras y servicios de Internet y la Administración de Justicia para facilitar la actuación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad y para el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
De hecho, el último punto de la iniciativa presentada por Hernando, emplaza al Ejecutivo a tomar las medidas pertinentes para que las acciones delictivas que se realizan en las redes sean perseguidas con «la misma eficacia y agilidad» que las que se producen fuera de ella.
