La ausencia de los independentistas del PDeCAT provoca un empate que impide aprobar las iniciativas de PSOE y Unidos Podemos
El PP y sus socios de UPN ha aprovechado para tumbar la propuesta de encargar al Tribunal de Cuentas la fiscalización del 0,7% de IRPF de la Iglesia
Las iniciativas del PSOE y de Unidos Podemos recabaron el apoyo de Ciudadanos y el PNV, pero la ausencia en la votación del representante de la antigua Convergència, el senador Joan Bagué, ha provocado un empate que, al aplicar el voto ponderado, han provocado la derrota de la propuesta para que el Tribunal de Cuentas realizara un informe de fiscalización sobre los recursos públicos que la Iglesia Católica recibe del Estado a través del Impuesto sobre la Renta.
Durante la defensa de esas estas iniciativas, el diputado socialista Antonio Hurtado ha asegurado que la cantidad que recibe la Iglesia por ese concepto «es de mucha consideración, 259 millones de media anuales, y es dinero que ha salido del bolsillo de los contribuyentes».
Por ello, el portavoz del PSOE ha defendido la necesidad de realizar el «control y la fiscalización del uso de los fondos públicos» para que todo esté perfectamente auditado. En la propuesta registrada por los socialistas para encomendar al Tribunal de Cuentas la fiscalización del 0,7% de la casilla de la Iglesia del IRPF de los dos últimos ejercicios liquidados, se indica que los ingresos de la Iglesia por ese motivo suman más de 1.240 millones entre 2010 y 2015.
Desde el grupo Unidos Podemos, Segundo González ha asegurado que «la Iglesia católica como perceptora de fondos públicos» debe ser transparente y ha considerado que «los ciudadanos tienen derecho a saber lo que hace con los fondos que salen de su bolsillo a través de la casilla de IRPF».
En su propuesta ante la comisión, Unidos Podemos solicitaba esta votación para aprobar la elaboración de un informe de fiscalización a la Iglesia en 2017.
El PP se ha mostrado en contra de esa fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas de los fondos de la Iglesia porque estima que «se origina un problema de legalidad», que exigiría cambiar los acuerdos de colaboración entre el Estado y la Santa Sede.
«Somos partidarios de la máxima transparencia en todos los temas, incluso de los fondos que recibe la Iglesia a través del IRPF, pero la transparencia debe materializarse por los cauces de la ley», ha dicho Francisco Javier Hernández, del PP. Ha recordado que el Tribunal de Cuentas consideró que era «improcedente» una fiscalización, porque son fondos que la Iglesia «recibe directamente de los contribuyentes» y al ser una entidad privada -ha opinado- queda «fuera del ámbito de fiscalización del Tribunal de Cuentas».
El diputado popular ha destacado que los acuerdos con la Santa Sede establecen que la Iglesia debe presentar una memoria de la cantidades recibidas de IRPF. PSOE y Podemos han llevado este debate al Parlamento después de que el Tribunal de Cuentas publicara su programa de actuaciones para 2017 y no se incluyera el relativo a las cuentas de la Iglesia vinculadas al IRPF.
Si la Comisión del Tribunal de Cuentas del Congreso hubiera aprobado la realización de este dictamen, la entidad fiscalizadora debía haberlo realizado obligatoriamente, según fuentes de esta institución. El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, que ha comparecido hoy ante esta comisión, ha rehusado, a preguntas de los periodistas, dar su opinión sobre este asunto y ha señalado que solo la da «en el pleno del tribunal»
