El Gobierno registró un escrito en el Congreso negando su conformidad a que se tramite una proposición de ley de la antigua Convergència para el fomento de la electrificación del transporte en carretera, una iniciativa que el Ejecutivo asegura que altera los presupuestos en curso porque supondría un coste extraordinario.
Con ésta son 19 las iniciativas de la oposición vetadas por el Gobierno, aunque la Mesa del Congreso ha desoído el veto a dos de ellas, las relativas a la paralización de la Ley de Educación (LOMCE) y la equiparación de condiciones laborales de los trabajadores de empresas subcontratadas, recurridas por el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional.
El portavoz adjunto del ahora llamado Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Carles Campuzano, se ha quejado del veto del Gobierno subrayando que su proposición de ley «no tiene demasiado contenido político» y sólo plantea «modificaciones muy técnicas» para facilitar la instalación de postes de recarga de los coches eléctricos. «Pero el Gobierno la vuelve a vetar afirmando que tiene implicaciones presupuestarias. Con esa lógica no va a haber ninguna iniciativa legislativa de la oposición que pueda tramitarse», indicó.
20 millones al año, 3,5 más de los presupuestados
En el escrito registrado en el Congreso y recogido por Europa Press, el Ejecutivo argumenta que la iniciativa del PDeCAT supone modificar la Ley del Sector Eléctrico, establecer un plan de subvenciones para vehículos eléctricos dotado con al menos 20 millones de euros anuales, cambiar las leyes de Impuestos Especiales y de Haciendas Locales y un decreto ley de 2004 para introducir bonificaciones fiscales, y adaptar varios decretos.
El Gobierno recuerda que en los presupuestos en curso, que son los de 2016 prorrogados, ya se contemplan subvenciones al vehículo eléctrico por importe de 16,6 millones de euros, por lo que aceptar la propuesta de los independentistas catalanes supondría un aumento presupuestario de 3,50 millones de euros anuales.
A ello se añade, alega Hacienda, que las exenciones fiscales planteadas por el partido catalán implicarían una reducción de ingresos de en torno a 668.000 euros al año. «Sumando todos los ingresos fiscales dejados de percibir, por IRPF y por Impuesto sobre la Electricidad, el impacto total hasta el 31 de diciembre de 2020 sería de 4.190.000 euros», añade en otro momento.
Así las cosas, Moncloa comunica que, a tenor del aumento de los créditos presupuestarios, y de la disminución de los ingresos presupuestarios que supondría aplicar esta ley, el Gobierno no presta conformidad para tramitar esta proposición de ley, acogiéndose a la capacidad de veto que le concede el artículo 134.6 de la Constitución.
