El PSOE votó en contra de 12 de las 15 resoluciones presentadas por Unidos Podemos en el debate del Estado de la Nación y sólo estuvo a favor de las tres iniciativas restantes, que incluyen compromisos ya adquiridos por el Gobierno.
Así, los socialistas rechazaron medidas como la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las personas con ingresos anuales superiores a 120.000 euros, la aprobación de un recargo de 10 puntos porcentuales en el Impuesto de Sociedades para financiar las «dietas» para la compra de alimentos, la implantación de las lenguas oficiales asturiana y gallega, y la retirada de la religión de las aulas.
Como resultado, Unidos Podemos sólo pudo conseguir el apoyo del Congreso para aprobar tres resoluciones que, en su mayoría, reiteran los compromisos del ejecutivo. Entre ellas, la ampliación «lo antes posible» de la red de guarderías públicas y la «revisión y adaptación de la legislación vigente» para respetar el principio de equidad e igualdad de oportunidades en el acceso a becas y ayudas educativas.
El PSOE también apoyó la resolución de Unidos Podemos en la que se pide la creación de museos y bibliotecas que promuevan la igualdad de género, los derechos LGTB, la memoria democrática, la fiscalidad justa y la transición ecológica. También defendió la necesidad de «proteger» el derecho al aborto «frente a la ofensiva internacional para controlar el cuerpo de las mujeres».
El Congreso de los Diputados también dio el visto bueno a instar al Gobierno a que las políticas de igualdad sean políticas de Estado, a elaborar unos presupuestos generales del Estado «feministas» y a aprobar un nuevo sistema de financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, «que dé estabilidad a todos sus compromisos».
Por último, las resoluciones aprobadas por Unidos Podemos piden «garantizar la autonomía económica de todas las mujeres», aumentar la dotación presupuestaria para el Ingreso Mínimo Vital, acelerar la inversión en políticas públicas de acceso a la vivienda, mejorar las pensiones no contributivas, mínimas y asistenciales, y poner en marcha una «reforma fiscal justa, progresiva y feminista que elimine los privilegios fiscales y avance en la igualdad entre hombres y mujeres».
