Es la denuncia que hace la ONG Europa Laica en su Campaña IRPF 2016 para pedir, con motivo de la temporada tributaria, que los contribuyentes no marquen en la declaración de la renta las casillas de asignación a la Iglesia Católica ni tampoco la de asignación para “fines sociales”, ya que consideran que esta casilla “es la coartada que sirve para justificar la de la Iglesia Católica”, a través de la cual, diversas ONG y fundaciones que pertenecen a esta recibirán varias decenas de millones de euros de dinero público a lo largo de 2016.
Según refiere la plataforma en su informe, se trata de una fórmula “que sirve al Estado para privatizar y precarizar –de forma más o menos encubierta- servicios que deberían ser públicos”, mientras que considera que “los fines sociales no deben depender de lo que decidan los contribuyentes cada año, sino que deben de tener partidas específicas y estables en los Presupuestos Generales del Estado”.
“Sólo por la vía del IRPF la Conferencia Episcopal recibirá, en 2016, una cantidad aproximada a los 250 millones de euros que pertenecen a la asignación tributaria directa del IRPF, con adelantos mensuales a cuenta de entre 13.266.216,12 y 14.500.000 millones (según consta en la Ley de Presupuestos aprobada para 2016) y que pasado el ejercicio se van liquidando en fases”, informa Europa Laica, que calcula que indirectamente, por la segunda casilla de “fines sociales”, la Iglesia se embolsa otros 80 millones de euros.
Además, la Iglesia Católica disfruta de exenciones y bonificaciones tributarias cada año por valor de 2.000 millones, recibe otros 4.900 millones para enseñanza (incluidos los centros concertados), otros 2.000 para obra social, 900 para centros hospitalarios gestionados por la organización religiosa y 600 para el mantenimiento del patrimonio en su poder.
Europa Laica denuncia así que “la religión es un negocio muy rentable” y recuerda que la Iglesia española “es inmensamente rica” y “disfruta de un verdadero paraíso fiscal al estar libre de pagar impuestos como el IBI, obras, sociades, etc.”, como consecuencia de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, además de que “la inmensa mayoría de los bienes que están en su poder son bienes urbanos y rústicos usurpados al Estado o a vecinos”.