La Audiencia Provincial ha confirmado el procesamiento de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) por beneficiar a cambio de diferentes dádivas, supuestamente, al empresario Enrique Ortiz, también procesado, con el diseño del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de instrucción 5 de Alicante, dictó en enero pasado la transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado para diez imputados por supuestos delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho.
La Sección segunda ha confirmado ahora esa resolución por lo que respecta a siete de los ochos investigados que recurrieron ante ella en fase de apelación y únicamente la ha revocado con respecto a Quesada.
El auto de apelación determina que las conductas atribuidas a Castedo «pudieran ser constitutivas de delito», tal y como concluyó el juez Tejada en «un extenso relato fáctico que se sustenta en indicios».
Otros implicados procesados
Los magistrados llegan a esa misma conclusión respecto a los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano este último de la exalcaldesa, tanto por sus relaciones con Ortiz como con el exalcalde alicantino Luis Díaz Alperi.
La sala también ha confirmado el procesamiento por cohecho del empresario Pablo Rico y dos directivos de las empresas de Ortiz -Virgilio Ortiz, hermano del propio promotor, y Santiago Bernáldez-, por participar presuntamente en la extracción de importantes cantidades dinero en efectivo destinadas, según la investigación, a sobornar Díaz Alperi.
En cambio, ha exculpado al redactor del PGOU, Jesús Quesada, de los delitos de tráfico de influencias y revelación de información privilegiada por los que estaba siendo investigado, pues se desconoce qué información pudo facilitar exactamente a Ortiz, «su extensión y relevancia». (Agencias)
