Dos expertos de Naciones Unidas consideraron este jueves “preocupantes” las medidas adoptadas por el Gobierno español en su respuesta al referéndum catalán del 1-O, porque “parecen violar derechos individuales fundamentales”.
Así lo señalan en un comunicado conjunto David Kaye, relator especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, y Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
“Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española”, indican.
Ambos expertos exhortan a las autoridades españolas a garantizar que las medidas adoptadas antes del referéndum catalán del 1 de octubre no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública.
Recuerdan que la Generalitat de Cataluña ha programado un referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma para este domingo, pero el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional el pasado 6 de septiembre. “Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas”, recalcan.
Kaye y De Zayas indican que “cientos de miles de catalanes han salido a la calle para protestar” después de la sentencia del Tribunal Constitucional” y que “las tensiones han aumentado, con las autoridades registrando casas de imprenta y confiscando materiales electorales”, además de que “varios sitios web relativos al referéndum han sido bloqueados y las reuniones políticas al respecto han cesado”.
“Diferentes personajes políticos han sido arrestados, al tiempo que los dirigentes de las protestas masivas han sido acusados de sedición, un crimen que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión”, añaden.
Kaye y De Zayas recalcan que más de 4.000 agentes policiales han sido desplegados en Cataluña con una orden del Gobierno de “actuar en caso de que se celebrara el referéndum ilegal”. “Nos preocupa que esta orden y la retórica que la acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social”, apostillan.
En este sentido, los expertos, que han estado en contacto con representantes del Gobierno de Rajoy, instan “a todas las partes” a “ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos de cualquier tipo en el contexto de las protestas pacíficas que se den en los próximos días”.
(Agencias)
