Facturas de más de 800 euros a pagar por la intervención del servicio de extinción de incendios. Es lo que están recibiendo los vecinos de Carballeda de Avia que vieron arder sus casas durante los terribles incendios que el pasado octubre arrasaron decenas de miles de hectáreas en Galicia y dejaron cuatro personas fallecidas.
Esos recibos corresponden a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de intervención de emergencias del Consorcio Provincial, que exige a los afectados el pago con una fecha límite fijada en el próximo 20 de diciembre, según denuncia en un comunicado el partido Democracia Ourensana, al que han llegado quejas de vecinos “sumamente indignados” con la recepción de las facturas.
Aunque existe una ordenanza publicada en el Boletín Oficial da Provincia que exime del cobro de este servicio «en casos de catástrofe o calamidad pública oficialmente declarada» y de que la ola de incendios del pasado octubre entra claramente en este supuesto, el PP no lo ha declarado así oficialmente.
El cobro de esta tasa a personas que han perdido sus viviendas o modos de vida y en tan corto plazo es una «broma macabra» de una Diputación que «no estuvo a la altura de las circunstancias aquellos tristes días» pero que, en contraposición, «ha actuado con una sorprendente celeridad pretendiendo cobrar la factura», afirma la formación denunciante.
Además, también la formación Compromiso por Galicia ha criticado por su parte que ni la Xunta de Alberto Núñez Feijóo ni el Gobierno de Mariano Rajoy hayan presentado ninguna solicitud a la Unión Europea para activar el Fondo de Solidaridad (Fsue) contra los daños de esta ola de incendios que afectaron a Galicia y Asturias.
Y es que, según un comunicado de esta formación, los efectos «superan de largo los 800 millones de euros», una cifra que, tal y como ha explicado la comisaria europea de Política Regional Corina Cretu, hay que superar para acogerse al fondo.
