A pesar de que la jueza que instruye el caso señaló en su auto que daba por concluida la fase de instrucción en julio de 2016 que existen claros indicios de que los documentos del extesorero del PP, Luis Bárcenas, fueron eliminados de los ordenadores de la sede del partido en Génova “a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreeescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”, la Fiscalía ha solicitado sorprendentemente en reiteradas ocasiones desde entonces el sobreseimiento y archivo de la causa alegando que los hechos investigados no revisten relevancia penal.
No lo consiguió entonces, y la magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, dictó el pasado 30 de noviembre la apertura del juicio oral contra el Partido Popular, la primera vez en España que una formación política debe sentarse como tal en el banquillo de los acusados, así como contra la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado del partido Alberto Durán, que han sido acusados de los delitos de daños informáticos y de encubrimiento.
Ahora, la Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución del PP y del resto de acusados en el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, afirmando en su escrito de conclusiones provisionales que la destrucción de los ordenadores “no es constitutiva de delito alguno”, y vuelve a pedir de nuevo el sobreseimiento y el cierre de la causa, manteniendo la misma postura que el Partido Popular.
Según la Fiscalía, en este caso –al igual que lo intentó con el caso de la Infanta Cristina– debería aplicarse la ‘doctrina Botín’, debido a que quien denunció el borrado de los discos duros fue Luis Bárcenas y este se retiró por motivos desconocidos del procedimiento en septiembre del año pasado.
La Fiscalía entiende que, dado que Bárcenas desistió de ejercer la acción penal por este hecho perdiendo su condición de acusación particular, las acusaciones populares, ejercidas por Izquierda Unida, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que, según la Fiscalía, no concurre interés general que proteger.
El fiscal alega, además, que “no ha podido acreditarse la propiedad de dichos ordenadores ni su forma concreta de adquisición”, por lo que considera que no podría haber delito de daños informáticos si las computadoras no fueran de Bárcenas.
