Los mensajes de solidaridad con Carlos y Carmen, los dos granadinos del Movimiento 15M condenados a tres años de cárcel por haber participado en un piquete informativo pacífico durante la huelga general del 29 de marzo de 2012, comienzan a llenar las redes sociales, un día después de que los jueces de la Audiencia Provincial de Granada hayan desestimado el recurso interpuesto por los manifestantes.
Ada Colau se une a la lucha. ¿Y tú? Si nos tocan a una, nos tocan a todas. #LibertadCarlosYCarmen pic.twitter.com/s6BL1hrjMP
Con mensajes como “No al encarcelamiento de Carlos y Carmen”, “Si nos tocan a uno, nos tocan a todos” o “Si no hay absolución, habrá revolución”, los internautas están haciendo llegar sus fotografías a Twitter bajo el hashtag #LibertadCarlosyCarmen, incluida la antigua portavoz de la PAH, Ada Colau, que se ha sumado a la protesta online.
Para el Grupo Stop Represión 15M se trata de una “condena política”, “un desvarío” que se ejecuta como “una sentencia ejemplarizante” –palabras estas últimas que el propio fiscal habría dirigido al juez al solicitar la condena– para amedrentar a los ciudadanos y que el miedo les impida salir a la calle criminalizando la protesta social.
Aquella noche de huelga, Carlos (un estudiante de medicina de último curso) y Carmen (una parada de 56 años) formaban parte de un piquete informativo del 15M formado por más de 200 personas, que comenzaron a recorrer los locales de Granada para incentivar a los propietarios a sumarse a la huelga convocada con motivo de la recién aprobada reforma laboral.
Unas cincuenta personas del numeroso grupo accedieron a un bar de la céntrica calle Martínez Campos, donde corearon el cántico “chapa y se acaba” para convencer a la dueña del local de bajar la persiana y concluir su jornada laboral , una frase en la que se ha apoyado el juez para considerar que Carlos y Carmen cometieron un delito de atentado contra los derechos de los trabajadores.
Al parecer, la estancia en ese local se alargó un poco más de lo habitual, con un cruce de insultos entre la dueña y algunos de los manifestantes, motivo por el que la propietaria del bar se puso nerviosa y llamó a la Policía, a pesar de que los dos agentes que acompañaban desde el primer momento al grupo no consideraron necesario intervenir.
Los activistas fueron abandonando el local antes de la llegada de la Policía, que pidió aleatoriamente la identificación a algunos de los que aún se encontraban en su interior pacíficamente, entre ellos, Carlos y Carmen. Tras ser identificados, todos los manifestantes se marcharon y el bar continuó abierto de manera normal.
Sin embargo, al día siguiente, la dueña interpuso una denuncia por daños en el mobiliario, con la única prueba de su palabra y sin testigos que corroboraran su versión. Carlos y Carmen, tan solo por haber sido identificados por la Policía, tuvieron que ir a juicio, que se resolvió el 23 de mayo de 2013 con una condena para ambos de tres años y un día y una multa de 3.655 euros.
Desde entonces, los acusados, con el apoyo de Stop Represión 15M, interpusieron recursos ante la Audiencia de Granada para que se revisara su causa, que finalmente ha sido desestimada y ratificada la pena de prisión, que ignoró las 200 autoinculpaciones de compañeros realizadas como protesta y las numerosas concentraciones a las puertas de los juzgados solicitando su absolución.
Persecución de las movilizaciones sociales propia de regímenes autoritarios
Stop Represión Granada informa de que “centenares de personas han sido condenadas por participar en piquetes durante la Huelga General del 29M” acusadas del mismo delito, por lo que no se trata de “un caso aislado”. “Sabemos que los fiscales tienen órdenes de llevar a los tribunales la represión policial de las calles. Sin duda aluna estamos asistiendo a una persecución contra las movilizaciones y luchas sociales propia de regímenes autoritarios”.
Diferentes colectivos del Movimiento 15M vienen denunciando desde hace tres años los procesos irregulares que se abren contra ciudadanos por el mero hecho de haber sido identificados durante una manifestación o por haber sido fotografiados durante una protesta, llegando citaciones a algunos que ni siquiera se encontraban en la ciudad en el momento en el que se desarrollaba la acción.
Carlos y Carmen se consideran “presos políticos”, víctimas de un abuso de poder de unas instituciones cuyo objetivo es desmoralizar a la ciudadanía: “Se han dedicado a acribillarnos a multas pero, como ven que seguimos saliendo a la calle aun robándonos el sueldo, ahora nos meten miedo con la cárcel. No lo han conseguido”.
