La nueva regulación de la acción popular podría excluir su ejercicio para asociaciones, sindicatos, partidos políticos y personas jurídicas públicas o privadas, exceptuando a las asociaciones de víctimas del terrorismo, y además estaría limitada a una lista de delitos relacionada con la Administración Pública, la discriminación o el terrorismo.
Precisamente, muchos de los asuntos que ahora mismo están investigando los tribunales se iniciaron gracias a la acción popular ejercida por partidos políticos, sindicatos o asociaciones. Así ha ocurrido en los casos de Bankia cuya denuncia corrió a cargo del 15m, Novacaixagalicia que investiga la Audiencia Nacional o el ‘caso de los trajes’ contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
