El Gobierno ha anunciado hoy que derogará la reforma sanitaria impuesta por el anterior gobierno de Mariano Rajoy mediante Real Decreto, que anulaba la sanidad universal en España y retiraba la tarjeta sanitaria a las personas migrantes en situación irregular, generando así un riesgo para la salud pública del país en general.
Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende devolver la sanidad universal a España. Así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha advertido de que es un asunto «extraordinariamente importante» para toda la sociedad y de «decencia política».
«Hoy se abre un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado», ha señalado Celaá.
«Esto es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política; esta protección a la salud es, además, un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el Real Decreto fue publicado», ha dicho Celaá.
Un Real Decreto nuevo
La portavoz ha explicado que la reforma sanitaria se aprobó a través de un Real Decreto en abril de 2012, con lo que el Gobierno tendrá que elaborar uno nuevo para dejarlo sin vigencia.
Se trata del Real Decreto 16/2012, que se aprobó durante el mandato de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, originando un importante rechazo entre diferentes sectores de la sociedad. Esta reforma del PP también contemplaba otras medidas como, por ejemplo, el copago de medicamentos en función de la renta, y fijó nuevas condiciones de uso para ser titular de una tarjeta sanitaria.
Varias comunidades autónomas, como la Comunidad Valencian, intentaron revertir los efectos de la reforma en su territorio asumiendo la cobertura universal en sus territorios pero se encontraron con la oposición del Gobierno central de Rajoy.
En este sentido también se ha expresado Celaá: «Las comunidades están actuando para solucionar los problemas que este real decreto han planteado, excepto Ceuta y Melilla, y con el nuevo real decreto, que va a tardar en venir, vamos a un procedimiento regulado para devolver el derecho a la salud a todas las personas».
La portavoz del Gobierno ha asegurado que no habrá «ninguna comunidad autónoma» que vaya a incumplir el real decreto que elaborará el nuevo Gobierno porque, según ha dicho, incluso autonomías que seguían sin atender a las personas migrantes se sentían «muy incómodas» con la situación, por lo que «seguro» que cumplirán con la nueva normativa «en todos sus términos». (Postdigital/Agencias)
