Los once primeros indultos del año que ha concedido el Gobierno del Partido Popular incluyen a seis funcionarios públicos condenados por prevaricación continuada, implicados en el conocido como “caso horas extra” del Ayuntamiento de Rota, consistente en dar ilegalmente un contrato público a un funcionario y pagarle simulando horas extra en su puesto de trabajo.
Los funcionarios fueron condenados por la Audiencia Provincial de Cádiz por contrataciones irregulares junto a la exalcaldesa del Partido Popular de la localidad, Eva Corrales, y la esposa de uno de los funcionarios a cuatro años y medio de prisión. El Tribunal Supremo ratificó posteriormente la sentencia.
Todos fueron condenados por haber participado entre 2004 y 2010 en sucesivas gestiones para adjudicaciones irregulares a un funcionario de tareas de confección de adornos municipales, que primero fueron abonadas con facturas a nombre de su mujer y después, entre 2007 y 2010, como 4.398 horas extraordinarias.
Con el indulto concedido el pasado viernes por el Consejo de Ministros, la pena se rebaja a dos años, lo que hace que puedan evitar la cárcel al no tener antecedentes, y además cambia la condena de inhabilitación por la de suspensión temporal, de manera que podrán reincorporarse a sus puestos de trabajo como funcionarios.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido este miércoles al revuelo generado por la noticia asegurado el indulto concedido a estos funcionarios contaba con todos los informes favorables y ha negado que en el «caso horas extra» pueda hablarse de delito de corrupción.
«Es un indulto parcial, simplemente para que no pierdan la condición de funcionarios y nos pareció que las causas que concurrían justificaban el ejercicio del indulto», ha destacado Catalá al ser preguntado en los pasillos del Congreso de los Diputados.
«Concurrían los elementos adecuados para este tipo de indulto que no creo en absoluto que se pueda calificar de delito de corrupción», ha insistido Catalá, para quien se trata de «un buen ejemplo de cuando el indulto tiene sentido».
Un caso que el ministro ha resumido en que los funcionarios contrataron «la elaboración de unas bandas para uniformes para la celebración de unas fiestas populares por una cuantía económica mínima».
Esta polémica decisión del Gobierno de Mariano Rajoy se produce tan solo un día después de que se apruebe en el Congreso la reforma de la Ley de Indultos para que estos no beneficien a maltratadores y a corruptos, tras presentar el PSOE la iniciativa de modificación de la ley que regula el indulto, que data de 1870.
Aunque la medida ha sido respaldada por el conjunto de la Cámara, todos los grupos políticos la han calificado de insuficiente, ya que se limita solo a los dos casos de delitos de violencia machista y corrupción, con una concepción tan abierta que podría seguir permitiendo que muchos condenados se libren de entrar en prisión.
