El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda estima que la Agencia Tributaria habría recaudado entre 5.300 y 8.700 millones de euros si hubiera aplicado los impuestos que realmente correspondían al dinero negro acogido a la amnistía fiscal y que, según los datosoficiales, supone cerca de 12.000 millones en patrimonio aflorado.
Los técnicos de Hacienda recuerdan que la amnistía aprobada a finales de marzo y finalizada el pasado 30 de noviembre sólo exigía el pago del 10% del patrimonio oculto fruto de la evasión de impuestos, lo cual supone un agravio comparativo para las empresas y contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a los que se grava con tipos de hasta el 30% en Sociedades y del 52% en el IRPF, llegando al 56% en Cataluña.
La confianza en mantener oculto el patrimonio en paraísos fiscales y la necesidad de presentar complementarias de IVA y del Impuesto de Patrimonio ha provocado que la recaudación final de esta medida se haya reducido a 1.191 millones de euros, menos de la mitad de lo previsto por Hacienda, de los que el 93% se ha recaudado en el mes de noviembre.
Además, indica que el monto total del patrimonio aflorado sólo supone un 3,9% de los impuestos evadidos en los tres ejercicios de 2008, 2009 y 2010, en los que la pérdida de ingresos tributarios por la evasión asciende a 148.000 millones de euros en los tres años, según estimaciones de Gestha.
NO HA REDUCIDO LA ECONOMÍA SUMERGIDA.
Este dato revela que la amnistía no ha servido para reducir la economía sumergida, al igual que ocurrió en las tres amnistías anteriores realizadas en 1977, 1984 y 1991. Además, ha tenido un efecto «negativo» en otros ingresos tributarios, ya que a 30 de octubre se ha producido una disminución del 20% de la recaudación inducida, que engloba aquellas declaraciones voluntarias presentadas fuera de plazo para evitar sanciones.
Para evitar que la amnistía sirva para blanquear dinero procedente de actividades delictivas, los técnicos de Hacienda han pedido al Gobierno que les permita realizar una investigación económica sobre el origen de los patrimonios aflorados para descartar que procedan de actividades delictivas.
En ese caso, los resultados de la investigación se incluirían en un informe que se remitiría a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales o a la Fiscalía del Estado, que determinarían si existen sospechas, indicios o pruebas de una operación de blanqueo.
