La Infanta Cristina escribió y firmó de su puño y letra el contrato fraudulento con el que, junto a su marido, hizo creer a Hacienda que tenían alquilado su palacete de Pedralbes a su sociedad instrumental Aizoon como sede de sus oficinas.
El objetivo del matrimonio era el de articular un documento ficticio con el que generar gastos falsos que incorporaban a su empresa, sin embargo, la residencia de la Infanta Crisitina e Iñaki Urgangarín en Pedralbes jamás ha albergado ningún despacho profesional ni ha llegado a tener actividad empresarial real.
Con esta trama los Duques de Palma consiguieron pagar muchos menos impuestos al conseguir reducir de un modo sustancial el patrimonio declarado por ellos. Esta presunta operación ilegal sirvió también a la Infanta Cristina para a acumular un total de 30.747 euros procedentes del Instituto Nóos y extraídos de los fondos públicos, que primero había colocado inventándose fácturas inexistentes de su empresa Aizoon.
Gracias a este balance falseado, la hija del Rey, además de defraudar impuestos, ganó dinero con su fraude al erario público. Concretamente, de su sociedad extrajo 6.000 euros en 2006, 6.180 euros en 2007, 6.444 euros en 2008, 3.828 y 3.300 euros en 2009 declarados por separado, y 4.995 en 2010.
Hacienda acaba de aportar al sumario del denominado caso Urdangarin el resultado completo de la inspección a la que ha sometido durante los últimos meses a la entidad Aizoon, a la que no duda en tildar de «mera sociedad instrumental» del matrimonio.
Este documento constituye una prueba de extraordinaria relevancia que pulveriza los argumentos empleados hasta el momento por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña para exonerar por completo a Cristina de Borbón de la comisión de los delitos fiscales en Aizoon.
Con estos elementos, así como con el resultado de la investigación policial que ha acreditado que la Infanta Cristina se gastó el dinero público de Nóos en cuestiones personales, el juez Castro debe decidir si la vuelve a llamar como imputada, esta vez no ya por el supuesto delito de tráfico de influencias sino por el de delito fiscal y blanqueo de capitales.
