Una jueza de Barcelona ha anulado el protocolo de la Generalitat que impide a las empresas cortar la luz a las personas vulnerables, sin informe previo de los servicios sociales, al considerar que no está previsto en ninguna norma ni reglamento ni ha sido suscrito por las compañías suministradoras, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy recurriera al Tribunal Constitucional para bloquear la Ley de Pobreza Energética aprobada en el Parlament de Catalunya.
«Esta juzgadora no desconoce la grave situación en que se encuentran las personas en riesgo residencial», añade la jueza, que insiste en que cada administración «debe actuar en el ejercicio de sus competencias».
Por ese motivo, mantiene que la Generalitat y los Ayuntamientos pueden aprobar ayudas para las familias vulnerables con riesgo de corte de suministro eléctrico, pero no acordar medidas que afecten a competencias estatales.
