El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la pieza separada que abrió para investigar el diseño y la comercialización de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja al considerar, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no ha quedado acreditado que las entidades emitieran este producto financiero con el objeto de engañar a los inversores.
Al contrario, recoge que la venta de preferentes como forma de financiación entre clientes minoristas no podía ser desconocida por las autoridades reguladoras y supervisoras porque fueron ellas las que las autorizaron «expresamente».
3.000 millones en preferentes
El juez, que recuerda que no se ha practicado ninguna diligencia relativa a esta pieza en el último año, acotó la investigación a la venta de preferentes en Caja Madrid desde 2009 por valor de 3.000 millones de euros ya que no es posible reproche penal contra las emisiones hechas los años previos ni tampoco contra la emitidas por Bancaja durante los años 1999 y 2000 (por importe de 300 millones de euros) por prescripción del presunto delito.
Tampoco ha quedado acreditado, ni por la vía testifical ni documental, que los comerciantes de las entidades recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados de manera que se contradijera lo recogido en los contratos y en los test de idoneidad que la caja extinta corrigió siguiendo las indicaciones del supervisor.
