Adolf Todó y Jaume Masana, la antigua cúpula de Catalunya Banc, recibirán 1,2 millones de euros de dinero de las arcas públicas en concepto de indemnización por “despidos improcedentes”. Así lo ha dictado el juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, que considera que los despidos del expresidente del banco nacionalizado y su exconsejero delegado no fueron debidamente justificados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Tanto Todó como Masana tienen además una causa abierta por “administración desleal” y por haber recibido “cobros desproporcionados”, un delito por el que están imputados otros 50 miembros de lo que fuera Caixa Catalunya, ya que los sueldos que los directivos del banco cobraban se fueron incrementando, a pesar de la situación crítica de la entidad, a lo largo de los años 2009, 2010 y 2011.
El FROB, dependiente del Ministerio de Economía, se hizo cargo por completo del banco con la inyección sucesiva de capital desde 2010 hasta 2012, con un total de 12.052 millones de euros de dinero público gastado en el rescate de la entidad, el segundo más costoso de todas las entidades rescatadas.
Adolf Todó y Jaume Masana fueron apartados de la gestión de Catalunya Banc por el FROB el 10 de mayo de 2013 mediante sendas cartas de “despido disciplinario” idénticas, en las que se les acusaba de “incumplimiento grave y culpable de sus funciones” al plantear “enfrentamiento y oposición reiterada a las decisiones, criterios y estrategias adoptadas” por el máximo accionista del banco, el FROB, llegando a “generar un clima de enfrentamiento y perturbación” en el banco nacionalizado y frustrando los intentos de venta a manos privadas de la entidad.
Un ejemplo de esta oposición, según el FROB, sería la inclusión de datos falsos sobre las previsiones de pérdidas de Catalunya Banc, superiores a las estimadas por el banco, dando lugar a la imposibilidad de su venta. Otros motivos habrían sido el encargo a una consultora de un informe innecesario por valor de 375.000 euros y la falta de interés en la negociación con los representantes sindicales de los trabajadores de la entidad durante el ERE de Catalunya Caixa.
Según el juez, los motivos alegados en las cartas de cese no han sido acreditados, por lo que dicta la “improcedencia de los despidos” y condena al FROB, es decir, al Ministerio de Economía, a indemnizar a los dos directivos con 600.000 euros de dinero público a cada uno, a menos que sean readmitidos en sus antiguos puestos.
