Entre los más activos, el informe señala a Gutiérrez y Granados «por sus responsabilidades coincidentes en el partido, en el gobierno autonómico, en los comités de campaña y en la fundación Fundescam».
Así se señala en un informe por el que el pasado 6 de marzo la Fiscalía Anticorrupción resume los indicios de presunta financiación irregular del Partido Popular a partir del estudio de la contabilidad ‘b’ hallada en los ‘pen drives’ incautados en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, obrante en el sumario de Púnica. Los fiscales puntualizan que «el Partido Popular presentó una contabilidad electoral de recursos y gastos en los que no incluyó estos importes».
Según esta información, del estudio de dicha contabilidad B se deduce que en la campaña de 2007 el exceso de gasto fue aproximadamente de 2.685.000 euros; en 2008 de 685.000 euros en 2011 de 1.556.000 euros «sin contar con los gastos abonados desde la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral».
Como se desprende de los archivos, el propio Gutiérrez relacionaba como trabajos y gastos de la Fundación los proveedores e importes que eran en realidad debidos por el partido, y lo presentaba con su firma y sello de Fundescam junto a la de otros en los escritos que dirigían desde dicha Fundación a la Comunidad de Madrid para justificar el destino dado a los fondos de la subvención pública.
Este canal permitió que determinados proveedores de gastos electorales del partido como Back, RVS, CROMA 21 o Digital Plane S.L. fueran recompensados como adjudicatarios directos de contratos sin concurrecia por unos importes globales de 317.673 euros, 319.047, 22 euros y 115,177,99 euros «cuando por prestaciones casi continuadas en el tiempo entre los años 2007 al 2014 y de la misma entidad debieran haber sido procedimientos negociados».
Además, y con fecha de 9 de marzo, la UCO entrega un informe al juez en el que analiza la «abundante» documentación incautada en el domicilio y despacho del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez «constatando la existencia de una contabilidad B que supone una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y, con ello, un grado aceptable de pluralismo político».
