El departamento de Salud de la Generalitat abrirá un expediente para investigar si en el acto celebrado en la Sagrada Familia con más de 600 asistentes se cumplieron todas las medidas de protección de la salud y ante el riesgo epidemiológico que conllevan estos actos «masivos» se planteará reforzar las medidas para que no vuelva a ocurrir.
El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, presidieron el sábado en la basílica de la Sagrada Familia la ceremonia de beatificación de Joan Roig Diggle, un joven laico de 19 años que fue asesinado al inicio de la Guerra Civil española. El acto se celebró con la asistencia de varios centenares de personas en la Sagrada Familia, aunque con el aforo reducido a un tercio debido a las actuales circunstancias sanitarias.
Críticas por la celebración de una misa masiva mientras se prohíben actos culturales
Sin embargo, han sido múltiples las críticas vertidas en las redes sociales contra la Generalitat por haber permitido la celebración de un acto masivo en la actual situación epidemiológica por la COVID-19, especialmente mientras se prohíben los actos culturales.
La presidenta de En Comú Podem (ECP) en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado que se cierren las actividades culturales y que, sin embargo, se celebre en la Sagrada Familia un acto con «588 personas».
También han expresado su malestar por el hecho de que se permita el acto religioso y no los culturales, entre otros, la actriz Silvia Bel, la escritora Bel Olid, el dramaturgo Julio Manrique y el músico Gerard Quintana.
La consellera de Salud, Alba Vergés, ha escrito en su cuenta de Twitter que las imágenes del acto celebrado en la Sagrada Familia son «injustificables» y reitera que abrirán un expediente y harán las aclaraciones necesarias «para que no se vuelva a repetir». «El estado de alarma del Gobierno español -argumenta- no nos permite suspender actos religiosos, pero el derecho a culto no puede pasar por encima del sentido común y de la protección de la salud», ha manifestado.
El departamento de Salud ha recordado que el Real Decreto del estado de alarma del Gobierno español solo permite reducir aforos y no cerrar espacios religiosos. Y ha señalado, además, que la Constitución considera la libertad de culto como un derecho fundamental.
Sin embargo, y ante la gran movilidad que implicó el acto religioso y «teniendo en cuenta el contexto epidémico, Salud Pública iniciará un expediente para investigar si se han cumplido todas las medidas de protección de la salud y de movilidad en la organización y desarrollo del acto».
Por otra parte, Salud ha manifestado que estos actos masivos tienen un riesgo epidemiológico «completamente injustificable dada la situación actual y han anunciado que, por tanto, «se planteará reforzar las medidas de protección para que no vuelva a pasar».
Por su parte, el vicepresidente del Govern en funciones de presidente, Pere Aragonès, ha mostrado su enfado por el acto que reunió a centenares de personas en la Sagrada Familia porque es una cuestión de «sentido común» cuando se le está diciendo a la gente que se quede en casa y solo salga para cosas esenciales.
En una entrevista en ‘Catalunya Ràdio’, Aragonès ha asegurado que el acto no estaba aprobado por el Procicat, pero que los organizadores mantienen que se limitó el aforo al 30% y ha recordado que el Gobierno catalán abrirá un expediente informativo para recabar información.
Además, ha explicado que estas circunstancias se tendrán que revisar porque «cuando una iglesia es tan grande y puede movilizar a tanta gente» hay que evitar el mensaje de que «según para qué cosas no hay restricciones».
