La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid 12 expedientes de alumnos de otros másteres diferentes con convalidaciones de créditos similares al presiente del PP, Pablo Casado, y otras tres alumnas investigadas, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.
Con ello, la universidad da respuesta a la providencia de la jueza Carmen Rodríguez-Medel que reclamaba a la institución al menos 10 ejemplos de reconocimientos de créditos en otros títulos de posgrado no ofertados por el Instituto de Derecho Público (IDP) y de otros cursos que no fueran del periodo 2008-2009, cuando Casado hizo el polémico máster de Derecho Autonómico.
La magistrada daba de plazo a la universidad hasta este mismo miércoles para tener datos de otros expedientes y analizar si el volumen de convalidaciones del líder del PP y las otras alumnas investigadas era excepcional o frecuente.
En sus indicaciones, la jueza especificaba que fueran casos de personas cuyo «único mérito» para el reconocimiento fuera el ser «licenciado, arquitecto e ingeniero».
Anteriormente, solicitó que se le remitiera expedientes del propio máster relativos a otros cursos con un reconocimiento de créditos entre 40 y 60 créditos, información que ya envió la universidad.
El exrector de la Universidad Rey Juan Carlos Frenando Suárez explicó durante su declaración ante la magistrada que el mecanismo de convalidaciones en aquella época se regía por un Real Decreto de 2005 y que se establecía, en virtud de esa normativa, una diferencia entre ‘licenciado’ y ‘graduado’. Al respecto, comentó que en el primer caso podían convalidar más créditos para estudios de postgrado.
Rodríguez-Medel ha emitido un auto en el que solicita al Tribunal Supremo que asuma la pieza separada sobre el máster de Casado y se le cite en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa.
En su exposición razonada, aprecia sospechas de que el máster que cursó en el Instituto de Derecho Público, que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, pudo ser un «regalo» por su «relevancia política».
Está previsto que la sala de admisiones del Tribunal Supremo aborde la petición de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el mes de septiembre, según explicaron fuentes jurídicas. La Fiscalía de Madrid no recurrirá el auto para remitir el caso al Supremo.
