La polémica ley de Seguridad Ciudadana del PP conocida como ‘Ley Mordaza’ vuelve a saltar a los medios de comunicación por otra de sus sorprendentes aplicaciones por parte de la Policía: Xavier Casanovas, un profesor jubilado de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha sido sancionado con una multa de 601 euros por haber hablado en catalán a un agente de la Policía Nacional en el aeropuerto barcelonés de El Prat.
Según informa la Plataforma per la Llengua, organización enfocada a la defensa del catalán, los hechos se remontan al pasado 4 de septiembre, cuando el profesor universitario se encontraba en el control de pasaportes del aeropuerto para viajar al extranjero y saludó al agente del control en catalán, una lengua que no debió gustar al policía, que respondió a Casanovas diciéndole que hablarle en catalán era “una falta de respeto” y un ejemplo de “poca estima por el país”, España.
La “chulería” mostrada por el agente provocó que Casanovas decidiera seguir usando el catalán, según refiere el sancionado, pero consiguió pasar el control de pasaportes y dirigirse a la cola de embarque de su vuelo. Al rato, Casanovas se vio abordado por el policía anterior y un segundo agente, que le requisaron el pasaporte y le llevaron al punto de información, donde tomaron nota de sus datos personales.
Llegando la hora de embarcar y sin que aún le hubiera devuelto el pasaporte, Casanovas se dirigió a los agentes para preguntarles por qué estaba recibiendo ese trato, y estos le respondieron de nuevo con más valoraciones sobre su educación y alegando que, según la Constitución española, el profesor estaba obligado a dirigirse a ellos en castellano, y le advirtieron que si seguía hablando catalán tendrían que llamar a un traductor y perdería el vuelo.
“En medio de más presiones y comentarios agresivos”, según explica la web de la plataforma, el ciudadano se atrevió finalmente a pedir a los policías que se identificaran, pero no tuvo éxito.
“No me cabe en la camisa” fue la excusa de uno de los agentes para negarse a identificarse, y que tenía un número difícil de leer fue la excusa del otro, según él, “para evitar denuncias tontas que nos ponen”. Finalmente, los agentes soltaron a Casanovas y se despidieron “en un tono agresivo” con la frase “sé dónde vives”.
De vuelta de su viaje, Casanovas decidió presentar una denuncia contra los dos agentes por el incidente en el aeropuerto, pero el juez instructor desestimó el caso ante la imposibilidad de identificar a los policías.
El pasado 13 de marzo, seis meses después de lo ocurrido en el aeropuerto, Casanovas recibió una notificación de sanción de 601 euros “en relación con la normativa de protección de la seguridad ciudadana”, según la cual Casanovas habría cometido una infracción de tipo grave al hacer “caso omiso de las órdenes dadas por los agentes, entorpeciendo, de esta manera, su labor policial y retrasando el flujo normal de pasajeros”.
La Plataforma per la Llengua, que considera Casanovas fue “vejado, amenazado y denunciado” y que ha sido víctima de una discriminación lingüística por parte de las administraciones españolas, ha ofrecido todo su apoyo al afectado y ha anunciado que pedirá al juzgado que reabra el caso de la denuncia presentada por Casanovas contra los agentes, dado que, al recibir la sanción, ya pueden ser identificados.
La plataforma denuncia, además, que este es solo uno más entre la multitud de casos de discriminación lingüística que los ciudadanos catalanes sufren por parte de las administraciones públicas, en concreto por parte de los cuerpos de seguridad tanto públicos como privados, según recogen en los informes anuales de la asociación.
