Los tratamientos para el cáncer son uno de los grupos de medicamentos con precios más altos y que más ingresos generan para la industria farmacéutica, a pesar de que hay una importante inversión pública en las fases de investigación y en los ensayos clínicos de muchos de los fármacos, según el informe ‘Los medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad’, publicado por la campaña ‘No es Sano’.
Y es que, el «imparable» crecimiento de los precios de los medicamentos oncológicos, que se han duplicado en solo diez años, está teniendo un impacto directo en los sistemas de salud de todo el mundo, incrementando el gasto farmacéutico y limitando su acceso en muchos países. En España, algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores y mesotelioma alcanzan los 30.000, 40.000 y hasta 100.000 euros por paciente al año.
Unos precios «inasumibles» para el sistema sanitario, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de casos diagnosticados, que pasará de 247.000 en 2015 a 315.000 en 2035, casi un treinta por ciento más, según las previsiones.
Esta situación, tal y como han recordado expertos de la campaña, se debe a un sistema de propiedad intelectual que deja en manos de las compañías farmacéuticas la fijación de los precios de los fármacos y a un marco regulatorio poco transparente que beneficia a la industria en detrimento del interés público.
El actual sistema de patentes pretende garantizar la recuperación de los recursos invertidos en investigación, pero la realidad es que no podemos conocer esos costes porque son secretos y los datos que se publicitan no tienen en cuenta la inversión pública. Esta «falta de transparencia» da lugar a que la industria fije los precios de los fármacos arbitrariamente, en función de la capacidad del mercado de cada país.
Una «opacidad» a la que hay que añadir el hecho de que las negociaciones con las administraciones públicas están sujetas a acuerdos de confidencialidad que impiden hacer público cuánto se paga por los medicamentos.
En este sentido, el informe destaca que en España «no es posible» acceder a los acuerdos de precios fijados entre el Gobierno y la industria para estos fármacos de uso hospitalario y, dado que el peso presupuestario recae sobre las comunidades autónomas, este secretismo llega a provocar que los ya altos precios sean además diferentes entre regiones e, incluso, entre hospitales, poniendo en «peligro» los recursos finitos del sistema sanitario y obligando a recortar de otras partidas «muy necesarias», como la contratación de personal médico, el cuidado y la atención a los pacientes o los equipos para diagnosticar enfermedades.
Por todo ello, ha solicitado una bajada en los precios de los medicamentos y que estos se fijen a partir de los costes reales de investigación y producción, no con criterios arbitrarios; y conocer el precio real de los medicamentos que estamos pagando a través del sistema sanitario y transparencia en las negociaciones con la industria farmacéutica.
Del mismo modo, ha solicitado más financiación pública para la investigación en cáncer (con datos abiertos y accesibles que estén al servicio de otras investigaciones); más control de los precios de los medicamentos en los que se han invertido fondos públicos y cambios en el modelo de gestión de la propiedad intelectual para que las patentes no sean el único incentivo; y la puesta en marcha de regulaciones que controlen y sancionen los abusos de competencia, como volver a patentar fármacos antiguos, ‘evergreening’ o el bloqueo a la entrada en el mercado de medicamentos genéricos y biosimilares.
