Amnistía Internacional lamenta que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como «ley mordaza», esté «más cerca de un maquillaje» de la ley actual que de una derogación de los artículos más polémicos sobre los derechos de reunión y expresión, ya que el borrador propuesto sigue representando «una orden de mordaza» para las protestas pacíficas.
En un comunicado, la organización advierte de que la reforma de la ley mordaza pactada por el PSOE y Unidos Podemos, que analizará próximamente todas las enmiendas del informe de la Comisión de Interior del Congreso, mantiene «gravemente amenazados» los derechos de manifestación pacífica y de libertad de expresión.
Denuncian que la propuesta mantiene los delitos de desobediencia, resistencia y negativa a identificarse con la policía, así como las multas por faltar al respeto a la policía, dos artículos que, según Amnistía Internacional, «se han aplicado amplia e injustamente a miles de ciudadanos».
Y señalan que estos dos preceptos han supuesto el 70% de las sentencias dictadas -200.000- desde la entrada en vigor de la ley en julio de 2015 y hasta 2019, sin que la propuesta de reforma del PNV ni las enmiendas de los socios de gobierno reduzcan las «facultades discrecionales» de las fuerzas de seguridad.
También cuestionan que la enmienda no proponga mecanismos de control contra la arbitrariedad policial y no tenga en cuenta las advertencias de la ONU ni las recomendaciones del Consejo de Europa, que ha instado a España a reformar la ley «por su potencial represivo».
Además de estas cuestiones, critican que no se haya aprovechado esta reforma para eliminar definitivamente la «aparente cobertura legal» de las devoluciones en caliente de los inmigrantes o que no se haya eliminado el artículo cuya aplicación hace que las mujeres que trabajan como trabajadoras sexuales se vean obligadas a hacerlo en lugares aislados.
Sin embargo, Amnistía Internacional reconoce los aspectos positivos de la futura ley, como la eliminación de las sanciones en las manifestaciones espontáneas por no ser denunciadas o la elaboración de protocolos sobre el uso de la fuerza y el material antidisturbios.
