A pesar del escándalo en la Agencia Tributaria, que ha provocado ya una concatenación de dimisiones de trabajadores de Hacienda en solidaridad con la inspectora despedida por negarse a ofrecer un supuesto trato de favor al gigante del sector de la construcción Cemex, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha preferido, en vez de dar explicaciones sobre los motivos del cese de la inspectora, centrarse en buscar entre los empleados a los culpables de la filtración de la información a la prensa.
Montoro ha confirmado que se ha abierto una investigación interna en la Agencia Tributaria porque le preocupa que haya filtraciones dentro del organismo y el caso haya llegado a la opinión pública a través de los diarios. Según el ministro, esto es perjudicial para el prestigio de la Hacienda pública, por lo que ha repetido que la investigación «debe aclarar exactamente cómo llega un procedimiento a un medio de comunicación». Sin embargo, nada ha dicho sobre por qué la Agencia Tributaria deseaba perdonar una sanción multimillonaria a una gran empresa ni sobre por qué la inspectora que llevaba a cabo la investigación ha sido destituida.
«Yo no voy a permitir que desde la Agencia Tributaria se lance a los vientos ninguna de las inspecciones que se están llevando adelante; eso es romper la Agencia Tributaria», ha expresado Montoro, aunque en este caso el proceso de Cemex ya había concluido. «Lo que no puede ser es que se traslade ningún procedimiento a los medios; si eso ocurre, entonces hemos acabado con el quehacer de mucha gente y con el prestigio de una de las grandes instituciones de España».
El ministro niega además que haya habido una intromisión política en Hacienda para evitar una sanción a la empresa Cemex porque, según él, «la única injerencia política tiene que venir de mí, en mi condición de ministro; y como no ha habido ninguna, y es mi sexto año de ministro de Hacienda, pues quien lo haya calificado así, se ha equivocado».
El pasado jueves 21 de noviembre, la dirección de Hacienda cesó fulminantemente a la jefa adjunta de la Oficina Técnica de la Dependencia de Control Tributario, el organismo encargado de resolver las actas en disconformidad de las grandes empresas con facturación superior a 100 millones y personas con patrimonios superiores a 10 millones.
La inspectora había resuelto una investigación sobre la cementera CEMEX con el mayor expediente sancionador conocido hasta ahora en España y que podría haber alcanzado hasta los 450 millones de euros. Esos 450 millones debían ser pagados a Hacienda por la cementera como resultado de aplicar una multa del 15% sobre los 3.000 millones de euros que la empresa se habría ahorrado al llevar a cabo un supuesto fraude, consistente en una simulación de pérdidas para disminuir el pago del impuesto de sociedades hasta en 3.000 millones de euros.
Para eludir la sanción, Cemex interpuso un recurso de reposición ante el mismo organismo que ya había resuelto la sanción pero sin presentar alegaciones distintas de las que ya había formulado a lo largo del proceso de investigación, lo cual no es habitual. Según fuentes de Hacienda, la inspectora habría recibido entonces instrucciones precisas de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes para que el recurso de Cemex fuera aceptado y la cementera no tuviera que pagar la multa, sin embargo, la empleada se negó a acatar esas instrucciones y procedió al rechazo del recurso, lo que le costó presumiblemente su puesto de trabajo con un despido fulminante.
La Agencia Tributaria ha negado que la destitución de la inspectora se haya producido a causa del caso Cemex y ha justificado su cese como «un proceso normal de relevo», algo con lo que no han estado de acuerdo varios compañeros de la trabajadora, que han dimitido en solidaridad con su causa, incluido el propio jefe de la Oficina Técnica de la Dependencia de Control Tributario.
