El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la demanda del expresidente Carles Puigdemont contra la «vulneración» de sus derechos políticos en España, después de aceptar el lunes a trámite la demanda mientras Puigdemont comparecía ante las autoridades alemanas tras su detención del domingo.
La decisión de la ONU se suma al dictamen de la semana pasada sobre el excandidato a la investidura Jordi Sànchez, si bien entonces, además de admitir a trámite la demanda, dictaminó unas medidas cautelares y advirtió a España de que debía garantizar los derechos políticos del también expresidente de la ANC.
El escrito de la ONU indica que la demanda se ha tramitado y enviado a las autoridades españolas para que en un plazo de seis meses facilite toda la información al respecto y especifica que no se adoptan medidas cautelares como en el caso de Jordi Sànchez, además, emplaza al expresidente catalán a indicar «qué tipo de medidas» quiere exigir a España en caso de que finalmente se concluya que sus derechos han sido vulnerados.
Puigdemont presentó su recurso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el pasado 1 de marzo y la aceptación del mismo ha llegado antes de un mes, si bien el plazo de resolución no se prevé tan temprano teniendo en cuenta que se ha dado seis meses a España para aportar observaciones e información.
El expresidente considera que España ha violado parte de la «Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos».
‘Puigdemont versus España’
La demanda, titulada ‘Puigdemont versus España’, defiende concretamente que el Estado ha vulnerado sus obligaciones en tratados de vigencia internacional como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos («PIDCP»).
En virtud de estos tratados, Puigdemont reivindica su derecho a presentarse a las elecciones, su «derecho a la libertad de asociación con otros políticos secesionistas y partidos políticos en busca de un objetivo común de conseguir la independencia de España para Catalunya» y su derecho a la libertad de expresión política pacífica de apoyo de la causa de la independencia de Catalunya.
Pero alega que «estos derechos han sido violados por la conducta acumulativa y continuada del Reino de España», ya que fue designado por la mayoría del Parlament de Catalunya para la reelección como presidente, pero las autoridades españolas lo han impedido, según defiende.
También explica que, por todo esto, se ha visto obligado a escoger entre volver a España para ser «sometido a detención arbitraria, permanecer como presidente en el exilio o permitir que un candidato alternativo sea nombrado e investido como presidente».
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un grupo de 18 expertos independientes encargados de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Según el folleto informativo de la propia ONU, si las quejas que recibe cumplen los requisitos para ser registradas, se incorporan a una lista de casos por tratar y se transmiten al Estado para que haga sus comentarios. (Agencias)
