El último proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Ejecutivo de Mariano Rajoy ha recibido el ‘no’ de todos los partidos de la oposición parlamentaria, salvo UPN, que han registrado hasta trece enmiendas de totalidad en el Congreso pidiendo la devolución del texto.
Como ya sucedió el año pasado, la oposición cree que las cuentas se basan en proyecciones macroeconómicas irreales, que mantienen las medidas de austeridad y recorte a pesar de la recuperación de la que habla el Ejecutivo español, y que priman el pago de la deuda a otros gastos sociales más necesarios, como las pensiones o las prestaciones por desempleo.
Además, con carácter general las formaciones critican la asfixia financiera a las comunidades autónomas, a pesar de que son las que soportan la mayor parte del gasto social.
Junto con todo ello, la decisión de tramitar las cuentas en pleno agosto para conseguir dejarlas aprobadas antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales a final de año ha granjeado reproches sobre el electoralismo del Gobierno del PP e incluso su falta de legitimidad democrática para sacar adelante las cuentas.
Posturas de los grupos políticos
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, para defender la enmienda de totalidad de su grupo, ha remarcado que rechaza «de forma total y contundente» unas cuentas aprobadas justo antes de unos comicios estatales.
Amaiur cree que las cuentas «dan la espalda a la realidad social, política y económica» de Euskal Herria y que solo se preocupan por «los intereses de las grandes empresas y los grandes grupos financieros».
Geroa Bai, por su parte, considera que el Gobierno español ha elaborado unos presupuestos «alejados de la realidad, con unos ingresos totalmente inflados y pensando más en los intereses electorales y partidistas del PP que en la verdaderas necesidades de las personas». Además, cree que «castigan una vez más» a Nafarroa.
El PSOE consideran que estas cuentas «son malas» porque mantienen la austeridad y los recortes, «no apoyan la recuperación» y son «insolidarios» con los más desfavorecidos, mientras conceden un «regalo fiscal» de más de 5.000 millones a las clases altas. Por todo ello, la formación avisa de que modificarán la ley si ganan las elecciones de otoño. Además, retan a que sea Mariano Rajoy, y no Cristóbal Montoro, quien los defienda ante la Cámara Baja dado que los está utilizando, acusan, como plataforma electoral.
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), por su parte, considera que las cuentas no sirven a los intereses de la mayoría social sino únicamente a los mercados y a la troika, y opina que el Gobierno español «no debería presentar un presupuesto sino su dimisión y convocar elecciones».
Además, su portavoz económico, Alberto Garzón, reclama «más protagonismo» del gasto público para impulsar la recuperación, más gasto social en materias como educación, sanidad, dependencia o prestaciones por desempleo; y una recuperación del mercado de trabajo más justa y que acabe con la precariedad y la temporalidad.
La portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, explicará el rechazo a unas cuentas que la formación ve como el «brindis al sol» de un Gobierno «agónico».
Convergència (CDC), por boca de Pere Macias, argumentarán en el debate que los presupuestos son «antisociales» e «injustos» con Catalunya y mantienen la «obsesión centralizadora» del Gobierno de Rajoy.
Por su parte, Unió Democrática de Catalunya (UDC) ve las cuentas «electoralistas» y critica que se vuelve a «maltratar» al Principat.
En la misma línea, el diputado de ERC Joan Tardà acusará un año más al Gobierno de «expoliar» a Catalunya y de «desguazar» el Estado social con su propuesta de presupuestos.
Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC) cree que el proyecto de ley es «injusto, insuficiente y muy alejado de lo que Canarias necesita»
Igualmente, Foro Asturias (FAC) cree que los presupuestos son «electoralistas» y «muy lesivo» para los intereses de Asturias y que la única intención del Ejecutivo es «ponerse la venda en la herida que va a suponer la pérdida de la cómoda mayoría absoluta de esta legislatura que termina».
Calendario en el Congreso
La docena de enmiendas de totalidad que se registrarán se debatirán en el Pleno del Congreso los días 25 y 26 de agosto, con la intervención inicial del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para defender el proyecto de ley.
Las enmiendas parciales, por su parte, se deberán registrar antes de las 14.00 del viernes 28 de agosto y la Ponencia incorporará las que considere pertinentes entre el 2 y el 3 de setiembre, de modo que el resto se debatirán en Comisión durante la semana del 7 al 11 de setiembre, fecha límite para dar luz verde al dictamen que será elevado al Pleno.
Allí, los diferentes ministros irán defendiendo uno a uno las cuentas de su departamento durante la semana del 14 al 16 de setiembre, en una sesión plenaria que concluirá con las votaciones y el mandato de remitir el texto resultante al Senado, donde deberá repetirse la misma tramitación.
En principio, la previsión es que la Cámara Alta deje finiquitados los presupuestos en la semana del 13 al 15 de setiembre, un mes después de recibirlos, y cualquier modificación que se haya introducido en el Senado deberá ser ratificada por el Congreso, lo que ocurrirá previsiblemente en un Pleno que se celebrará el jueves 22 de octubre, dejando así aprobados los Presupuestos de 2016 antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones estatales. (Agencias)
