El constructor Enrique Ortiz, acusado de participar en la financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valencia en el marco de la ‘trama Gürtel’, ha confesado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y ha reconocido todos los delitos que se le imputan y que implican al PP en prácticas corruptas, reconociendo íntegramente la financiación ilegal de las campañas electorales que le dieron la victoria al PP en 2007 y 2008.
Así lo adelanta hoy la Cadena SER, que ha tenido acceso al escrito de defensa presentado por los abogados de Ortiz al juez De la Mata. Con este escrito, el empresario admite las acusaciones por las que se enfrenta a cuatro años de prisión y consigna los 40.000 euros que le reclamó el juez en el auto de apertura de juicio oral.
Acogiéndose de este modo al atenuante de “confesión tardía de los hechos”, Ortiz solicita que se le rebaje la pena de prisión de cuatro años a solo quince meses, y que estos se sustituyan por el pago de la correspondiente multa para evitar pasar por la cárcel. En caso de que el juez no aceptara la solicitud, el acusado “suplica” que el tribunal “acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad”.
Ortiz es el primer empresario que confiesa desde que estallara el ‘caso Gürtel’ en 2009, hace siete años. Los escritos de acusación sostienen que “con el propósito de obtener mayor despliegue en los procesos electorales, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana contrató con Orange Market servicios que se abonaron de forma irregular”.
Esta financiación irregular se realizaba bien en efectivo o a través de los empresarios acusados, según el escrito, y en ambos casos “tales pagos no quedaron reflejados en facturación y contabilidad” e “infringieron la genérica prohibición legal de abono de los gastos de partidos políticos por terceras personas”. Al no poder hacer donaciones por tener contrato con administraciones públicas, los pagos se hacían a través de supuestos servicios de Orange Market que en realidad no llegaban a realizarse.
Concretamente, Ortiz ha reconocido haber pagado 348.000 euros al PP de la Comunidad Valenciana para las elecciones generales de 2008. Junto a él y enfrentándose a penas de hasta 27 años de prisión se encuentran acusados otros nueve empresarios de la construcción, cinco miembros de la cúpula del PP de Francisco Camps (excepto él mismo) y los cabecillas de la Gürtel.
José Francisco Beviá, el lugarteniente de Ortiz en Valencia, ha seguido los pasos de su jefe y ha presentado un escrito idéntico, con el que espera que su pena de tres años de prisión también sea rebajada a quince meses, sustituida por la multa correspondiente.
