Unas inmatriculaciones que fueron posibles por una reforma legal del PP, la vía legitimadora de este «expolio», «un escándalo monumental» y «un pelotazo urbanístico», ha dicho, y ha defendido que se solicite al Gobierno de España el listado de los inmatriculados en Navarra para que el Ejecutivo foral lo publique en el portal de «Gobierno abierto» y lo remita a las entidades locales por si quieren reclamarlos o en caso contrario se pueda subrogar esta facultad.
Magdaleno ha planteado con esta finalidad la apertura de una oficina de asesoramiento y consulta que sirva de apoyo para conocer la medidas judiciales que se pueden adoptar, ya que el objetivo último es la defensa de los bienes de entidades y personas.
Iñaki Iriarte, de Navarra Suma, ha asegurado que desde 1915 la Iglesia católica ya podía inscribir bienes por medio de una certificación de las diócesis, asegurado que hubo «maga ancha con muchos propietarios» porque no era fácil conseguir títulos que demostraran la posesión, y recordado que además el Estado había reconoció que «bienes desamortizados que no habían sido vendidos pertenecían a la iglesia».
Después «ha podido haber errores y casos complejos», ha indicado, y ha considerado que un conflicto civil en un estado de derecho se resuelve en los tribunales, por lo que «no hay ningún problema pero tampoco ninguna necesidad de esta moción», de ahí que haya propuesto crear un grupo de trabajo para «aclarar desde el respeto y la transparencia los inmuebles inmatriculados sobre cuya propiedad exista duda».
Arantxa Izurdiaga, de EH Bildu, ha defendido en nombre de todos los grupos salvo NA+ sendas enmiendas a una moción «muy poco ambiciosa» porque hay que dar «una solución global, colectiva, que revierta los bienes inmatriculados» declarando «la nulidad de todos».
Por ello piden que sea el Gobierno de Navarra el que lidere el proceso y habilite los mecanismos necesarios para la reclamación, como las notas simples registrales, entendiendo que no tienen efecto los «privilegios y prerrogativas» otorgados a la Iglesia por normativa franquista, equiparándola con una administración pública cuando «no lo es».
Por Geroa Bai, Blanca Regúlez ha señalado que la inmatriculación por parte de la Iglesia católica de templos, viviendas, terrenos o locales, entre otros bienes, no solo fue «injusta» sino que «no respetó» el principio de seguridad jurídica que regía para el resto y «vulneró» la aconfesionalidad del Estado español.
Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha subrayado que estas inmatriculaciones «pueden ser el mayor robo de la historia del país» y los listados aportados por el Gobierno central «ignoran» lo anterior a 1998 y aportan una información sobre los bienes «claramente insuficiente» para poder reclamar, lo que le ha llevado a temer un acuerdo Estado-Iglesia para dar «carpetezo» al asunto.
Desde I-E, Marisa de Simón ha comentado que «la devolución de los bienes al pueblo» se ha pedido ya en múltiples ocasiones, recordado que el PSOE desde el Gobierno pudo plantear la derogación de la ley hipotecaria y no lo hizo, y criticado el «escándolo» que ha sido esta «usurpación» de bienes.
