Por segunda vez, el diputado del PP Esteban González Pons ha evitado personarse en el acto de conciliación con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas al que había sido citado por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia, y al que han acudido numerosos medios de comunicación con la intención de aprovechar la ocasión para preguntarle por el caso Bárcenas.
Pons no acudió a la primera citación, del 12 de junio pasado, alegando que no le había sido notificado, según la PAH, motivo por el cual se retrasó el encuentro hasta este jueves 11 de julio. En esta ocasión sí ha acudido el abogado de Pons, José Ignacio Carbó, que se ha limitado a renunciar a la conciliación por no estar de acuerdo con los términos propuestos por la PAH.
Como resultado, la PAH continuará adelante con la querella contra González Pons por injurias, calumnias y atentado al honor, además de incluir los agravantes del uso de difusión pública y la repercusión mediática de las palabras de Pons en su calidad de diputado.
La querella ha sido interpuesta por la plataforma por las declaraciones públicas que Pons hizo a varios medios de comunicación sobre el escrache que tuvo lugar frente a su domicilio el pasado 20 de marzo, cuando él no se encontraba en la vivienda.
Según portavoces de la PAH, los manifestantes se limitaron a expresar públicamente en la calle sus requerimientos y a llamar al timbre del diputado para hacerle entrega de una carta, para lo cual un par de personas subió hasta su rellano acompañados por medios de televisión que habrían grabado la escena. Al no recibir respuesta del interior de la vivienda, los activistas dejaron en la puerta varias cartas de afectados que pedían a Pons que votara favorablemente a la ILP por las hipotecas que iba a ser debatida en el Congreso.
Sin embargo, la versión que Pons dio a los periodistas fue la de que alrededor de 60 manifestantes estuvieron media hora en el rellano de su casa aporreando la puerta del domicilio y gritando improperios, algo que la PAH niega rotundamente que ocurriera.
El acto de conciliación al que la PAH convocó al diputado fue “para darle la oportunidad de retractarse públicamente por las mentiras vertidas”, según la portavoz de la plataforma en Valencia Ana Blanco, quien considera que, al no haber aceptado los términos propuestos en el acto de conciliación, “no acepta así que es mentira lo que dijo sobre los miembros de la plataforma y sobre lo que sucedió en el escrache de su casa”. “Tampoco quiere retractarse públicamente de sus declaraciones a los medios de comunicación, con gran difusión y aprovechando su situación privilegiada de diputado”, ha añadido Blanco.
Para la PAH, su trabajo está “a pie de calle, con los desahuciados”, pero “sus mentiras no pueden quedar impunes” ya que la intención del diputado era la desprestigiar al colectivo, tal y como denuncian en su último comunicado: «hemos sido perseguidas en una grotesca campaña de criminalización que comenzó precisamente en el escrache informativo y pacífico al Sr. Pons. […] No debemos dejar impune este tipo de acciones de quienes dicen representarnos y que, además de difamarnos y expoliar nuestro dinero a través de los numerosos casos de corrupción (#LosPapelesDelPP, etc) subestiman el trabajo que realizamos, que no es otro que autotutelar nuestros derechos, que no olvidemos, es su responsabilidad constitucional».
Por ello, la plataforma ha decidido seguir adelante con la querella judicial que probablemente será presentada en la Audiencia Nacional, al haberse producido las declaraciones de Pons en Madrid.
Según el abogado de la PAH, Ricardo Cano, la querella acabará siendo tramitada en el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado de González Pons. «La intención de la iniciativa es exigir responsabilidades por su actitud y llegar hasta el final. Y el objetivo es que le impongan una pena conforme al Código Penal por los delitos reclamados», ha comunicado el letrado.
