El fuerte rechazo social y las críticas de todos los partidos de la oposición no hacen recapacitar al Gobierno del Partido Popular, que continúa adelante con su ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la denostada ‘tasa Google’ o ‘canon AEDE’, desatendiendo también las peticiones de la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.
El Pleno del Senado debatirá el próximo miércoles 15 de octubre el proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y lo remitirá de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. El texto, dictaminado el pasado martes 7 de octubre por la Comisión de Cultura, recibió el único apoyo del PP, que impuso su mayoría absoluta en contra del rechazo de la oposición, a la que se suman también las críticas del sector cultural.
El PP ignora las enmiendas de la oposición
Los ‘populares’ rechazaron los seis vetos presentados por la oposición (tres del Grupo Mixto, dos de la Entesa y uno del PSOE), que pedían la devolución del texto al Congreso e incorporaron, en un trámite previo, cinco enmiendas al texto, la mayoría de carácter técnico.
Entre ellas, el PP ha doblado hasta 600.000 euros las multas por infracciones «muy graves» relacionadas con la piratería, en lugar de los 300.000 que contempla el texto remitido por el Congreso.
Aunque las entidades de gestión aplauden esta medida, critican la poca agilidad a la hora de atajar el problema que supone y reclaman cambios. En concreto, tal y como indicó hace unos días el presidente de Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Pedro de Andrés, piden que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración, esté constituida expertos, y no por funcionarios.
Imposición del ‘canon AEDE’
No se han incorporado propuestas relativas a una modificación de la denominada ‘tasa Google’, una compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, y un aspecto que generó bastantes discrepancias con los grupos de la oposición en el mes de julio.
Precisamente, durante el debate de las enmiendas presentadas a la LPI, los socialistas solicitaron la posibilidad de renunciar a esta compensación, en concreto, de los periodistas y fotógrafos, y criticaron además que con esta medida solo se defienden los «derechos de los editores o de los grandes medios de comunicación».
Esta misma semana, la Plataforma por los Derechos de Autor de los Periodistas instó al PP a «rectificar» y aceptar las enmiendas de la oposición para incluir a los periodistas y a los fotorreporteros como titulares de los derechos a percibir una remuneración por la utilización por los agregadores.
El PP se empeña en pagar con dinero público el canon por copia privada
El PP tampoco ha planteado cambios en el proyecto de la reforma de la LPI para la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado que sustituyó al sistema de canon, un impuesto sobre los dispositivos que la oposición y las entidades de gestión de derechos de autor reclaman para una compensación por sus pérdidas.
En este sentido, la asociación ADEPI, formada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual AGEDI, AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP, ha afirmado que está dispuesta a tomar medidas «judiciales» que «supondrán reclamaciones por perjuicio patrimonial que, si Europa termina por dar la razón a las entidades, podrían suponer a medio plazo indemnizaciones de cientos de millones de euros».
Respecto a las medidas que afectan a las entidades de gestión, el vicepresidente de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE), Fernando Marín, alertó de las reducciones «abusivas» en las tarifas que cobrarán las entidades de gestión y que, tal y como critica, enriquecerán al «sector hotelero» en detrimento del empobrecimiento de los autores y productores.
Otra de las reivindicaciones en este punto es la de Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que reclama la posibilidad de que las cantidades abonadas a las entidades de gestión que no sean repartidas a sus titulares nacionales o internacionales «por problemas de identificación o por inexistencia de derechos en terceros países» sean devueltas una vez prescriba la acción para reclamarlas.
A estas peticiones se unen las diferentes concentraciones que han tenido lugar ante la sede de la Secretaría de Estado de Cultura, donde se han manifestado actores y artistas, respaldados por las entidades de gestión así como por grupos políticos de la oposición, para pedir la retirada de esta reforma, a la que denominan ‘Ley Lassalle’. (Postdigital/Agencias)
