La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que condenó a penas que oscilan entre los tres y los 13 años de prisión a los once acusados de amañar contratos entre la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana dirigida por Milagrosa Martínez y la trama corrupta Gürtel para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009.
Al desestimar los recursos de los acusados, el alto tribunal acaba de emitir la primera sentencia firme del ‘caso Gürtel’, diez años después de que empezara a investigarse la trama de corrupción.
De este modo, el Supremo confirma la condena de 13 años de prisión para el ‘cabecilla’ de la trama, Francisco Correa; de 13 años y tres meses para el ‘número dos’ de la Gürtel, Pablo Crespo; y de 12 años y tres meses para Álvaro Pérez ‘el Bigotes’. Además, confirma los nueve años de cárcel impuestos por el TSJCV a la exconsellera de Turisme en el Gobierno de Francisco Camps, Milagrosa Martínez.
Además, la sala confirma la condena para otros tres funcionarios de la entonces Agencia Valenciana de Turisme y un alto cargo de la conselleria: Isaac Vidal (siete años de prisión); Rafael Betoret -exjefe de Gabinete de la consellera y que se conformó al pago de una multa de 9.600 euros en el conocido como ‘caso de lo trajes’- (seis años de cárcel); Jorge Guarro, exjefe de Promoción de la entidad (cuatro años) y Ana Grau, excoordinadora de Ferias (tres años).
Los otros tres condenados guardan relación con las empresas del grupo Correa: Isabel Jordán, exadministradora de algunas de las sociedades (seis años); Cándido Herrero, exempleado de oragen Market (cuatro años y cuatro meses) y Mónica Magariños, exempleada de la sociedad de El Bigotes (tres años).
El TS confirma que Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo cometieron delitos de malversación de caudales públicos, cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita, más falsedad documental en el caso de este último. Según la sentencia, la exconsellera cometió malversación de caudales, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.
Sobre la asociación ilícita, considera el Supremo que son responsables Correa, Crespo, Pérez, Jordán, Magariños y Herrero, ya que entiende que en el relato fáctico se describen los elementos del tipo penal, es decir, un «entramado de sociedades, estructurado y jerarquizado, para participar en licitaciones públicas con vulneración de la legislación administrativa y los principios de transparencia que deben guiar la acción administrativa».
La sala rechaza así cada uno de los recursos planteados contra el fallo por los condenados -entre dos motivos alegados por Magariños y hasta 31 por Pablo Crespo- quienes sostenían que se había producido vulneración del derecho a un juicio con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, ausencia de motivación de los hechos considerados probados; vulneración del derecho al secreto de las comunicación, entre otros.
