PSOE y Sumar encaran la recta final de octubre, mes en el que se conjuraron para tratar de tener listo un acuerdo de coalición, inmersos en la negociación para fraguar ese pacto y con la reducción de la jornada laboral como uno de los principal puntos que les mantienen distanciados.
También ha transcendido que otros asuntos en liza son el mantenimiento de los actuales impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, como reclamó durante esta semana la líder de Sumar y vicepresidenta, Yolanda Díaz. Además, el reconocimiento del Estado palestino de forma incondicional y urgente es otra de las peticiones de Sumar.
El pasado día 4 el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y Díaz se reunieron en la nueva ronda de contactos para la investidura y ambas partes acordaron intensificar las conversaciones, con la voluntad de poder conseguir un acuerdo de Gobierno en octubre. Sin embargo, a medida que han ido pasando las semanas ambos partidos evitan hablar de fechas concretas.
En el caso de Sumar, el equipo negociador está compuesto por los secretarios de Estado Nacho Álvarez y Joaquín Pérez Rey, así como la eurodiputada Maria Eugenia Rodríguez Palop en calidad de coordinadora del programa electoral de la coalición.
Mientras, el PSOE designó una comisión negociadora con los grupos parlamentarios de la que forman parte la ministra de Hacienda y Función Pública en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños y la ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, entre otros.
Continúan las negociaciones de cara a la investidura aunque el PSOE reconoce que están siendo complejas.
El PSOE cree que las piezas para investir a Sánchez «acabarán encajando» y quiere dos Presupuestos para asegurar la legislatura
No obstante, ambas partes recalcan que el mes de octubre no implica una fecha límite y este viernes, por ejemplo, el ministro de Consumo Alberto Garzón ha desgranado que el ‘deadline’ lo marca noviembre, dado que el tope está fijado el 27 de noviembre de ese mes, cuando se disolverían las Cortes Generales si nadie logra ser investido y se convocarían nuevas elecciones generales.
Diversos cargos de Sumar han trasladado en las últimas fechas optimismo en unas negociaciones que se entablan con discreción y avanzan, pero ponen el acento en la necesidad de lograr un acuerdo ambicioso.
«Encallados» en la reducción de jornada
Así, tanto Nacho Álvarez como el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, como su homóloga en el Congreso, Marta Lois, han apuntado que no puede haber Gobierno a «cualquier precio», que la legislatura no puede ser de mera «continuidad» o al «ralentí» y que para ello es necesario lograr avances concretos y nítidos en la agenda social, como aprecian que se ha hecho en el plano territorial con el debate sobre la posible ley de amnistía.
No obstante, esta semana ambos portavoces de Sumar han puesto el foco en que un asunto que mantiene «encallado» las negociaciones y donde están alejados es la reducción de la jornada laboral, que pedirán hasta el final porque es una materia fundamental y desvelando así las reticencias del PSOE para incluir esta propuesta.